Revisarán el fallo por la muerte del obispo Ponce de León en la dictadura
Los fiscales federales Matías Di Lello y Adolfo Villate pidieron la nulidad de la sentencia dictada en 1978. El obispo murió el 11 de julio del 77.
Los fiscales federales Matías Di Lello y Adolfo Villate solicitaron la nulidad de una sentencia dictada en 1978 por la muerte del obispo de la ciudad bonaerense de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida el 11 de julio de 1977.
Por aquellos años, la Justicia condenó a Luis Antonio Martínez por homicidio culposo. A más de 40 años de los hechos, los fiscales encontraron una serie de irregularidades en el expediente y elaboraron una nueva hipótesis: se habría tratado de una operación realizada por los órganos represivos de la dictadura cívico-militar.
Di Lello y Villate sostienen que “estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos, amenazas y extorsiones coactivas”. Lo curioso es que esta información no fue tenida en cuenta por el juez de instrucción Oberdan Andrin, de San Nicolás. Sobre los hechos que terminaron con la muerte del obispo Ponce de León, los fiscales señalaron que “tuvieron lugar durante la dictadura que gobernó nuestro país a partir del 24 de marzo del año 1976”, y que en dos juicios quedó demostrada “la plena operatividad de una estructura represiva instrumentada en la jurisdicción en cuestión -Area Militar 132- para la lucha contra la subversión durante el terrorismo de Estado”. Para los fiscales estas circunstancias “pudieron haber constituido la motivación de un homicidio doloso y no de un «accidente», como se pretendió fijar en la sentencia judicial del año 1978”.
En tanto, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará el viernes el juicio de la causa “La Cueva III”, en el que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de esa ciudad balnearia bonaerense durante la última dictadura cívico militar.
El debate de este proceso oral y público estará a cargo de los magistrados Daniel Obligado, Sabrina Namer y Fernando Machado Pelloni, quienes escucharán las acusaciones contra un grupo de civiles vinculados al aparato represivo del terrorismo de Estado. Los imputados son Salvador Ullúa, Emilio Guillermo Nani, Juan José Banegas, Miguel Angel Ruiz y Ceferino Silva, investigados por participar en “La Noche de las Corbatas”, un operativo represivo en el que fueron secuestrados y desaparecidos varios abogados laboralistas de Mar del Plata. Ullúa llega a este juicio cuando atraviesa otro proceso oral en el que se analizan hechos cometidos por la banda parapolicial Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), que operó en la ciudad balnearia durante la década del 70.
En tanto, esta mañana proseguirán los alegatos de las defensas en el juicio Esma IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Armada. Mañana y pasado continuarán los alegatos de las defensas del juicio “Arsenal Naval de Zárate y otros centros clandestinos del circuito Zárate-Campana”, causa caratulada “Di Nápoli Omar Edgardo”.
En este proceso se juzgan las privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones cometidos en el circuito represivo de Escobar, Zárate y Campana entre marzo y abril de 1976.
El miércoles, proseguirán en la ciudad de Rosario los alegatos del Ministerio Público Fiscal en el juicio conocido como “Feced III”, que tiene a 13 imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial santafesina contra 152 víctimas.
El jueves, en San Juan, continuarán las audiencias en el tercer megajuicio que se realiza en esta provincia, donde se juzgan a 34 ex integrantes de las fuerzas de seguridad y al ex fiscal federal Juan Carlos Yanello.
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