Procesamiento por la represión ilegal en Villa Constitución
La causa investiga delitos de lesa humanidad contra 77 trabajadores.
La seccional de la UOM de Villa Constitución se presentará como querellante.
El fiscal concluyó que Acindar había confeccionado los listados de los trabajadores a detener entre 1975 y 1976.
Dos ex empleados jerárquicos de Acindar fueron procesados con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad en Villa Constitución entre enero de 1975 y septiembre de 1976. La resolución la dictó el juez rosarino Marcelo Bailaque e incluye a una treintena de ex militares, policías y prefectos responsables de secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y homicidios de trabajadores y activistas sindicales, protagonistas de la protesta obrera conocida como “El Villazo”. La UOM de Villa Constitución, en tanto, anunció que se presentará mañana como querellante en la causa.
El fiscal general Adolfo Villatte pidió en 2017 la indagatoria de 102 imputados por delitos cometidos contra 77 trabajadores, víctimas de la represión ilegal tras obtener una serie de reivindicaciones enfrentando no sólo a la empresa que presidía José Alfredo Martínez de Hoz sino también la conducción nacional de la UOM. Un año después Bailaque inició una ronda de 46 indagatorias, que esta semana derivó en los procesamientos.
El magistrado, en línea con el Ministerio Público, concluyó que Acindar confeccionó listados de personas a detener, dispuso espacios físicos de la fábrica para el funcionamiento de un centro clandestino y otros para el alojamiento y vivienda de miembros de fuerzas armadas y de seguridad. También aportó vehículos, reparó y mantuvo los de la Policía Federal, pagó sobresueldos a personal de distintas fuerzas que cumplió funciones en la empresa, autorizó el ingreso de grupos de tareas para detener obreros, habilitó la requisa de casilleros personales, y aportó direcciones, fotos y apodos que permitieran identificar a las víctimas y secuestrarlas.
Los ex jerárquicos procesados son Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo. El juez los consideró partícipes necesarios de 40 privaciones ilegales de la libertad y ocho homicidios agravados. “Pocho” Pellegrini era jefe de personal y nexo entre las fuerzas represivas y los directivos de la firma. Torralvo era personal administrativo y varios testimonios lo ubican mezclado entre los represores. “Hasta hace poquito decía que deberían haber matado a todos para evitarse problemas más grandes”, contó un testigo. Por problemas de salud fueron apartados del proceso el ex gerente de relaciones industriales Pedro Ricardo Aznares, el otro enlace de la empresa con los grupos de tareas, y Juan Pedro Augusto Thibau, ex miembro del directorio.
Los militares retirados Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis Landa fueron procesados por medio centenar de delitos. Ambos dirigieron parte de la estructura represiva que dependía del Area Militar 132. Igual que a los ex jerárquicos, el juez les embargó bienes por 10 millones de pesos. La mayor parte de los procesados integraron la delegación rosarina de la Policía Federal. Se trata de Roberto Raúl Squiro (que estuvo cinco años prófugo tras burlar el arresto domiciliario), Oscar Vessichio, Juan Carlos Faccendini, Emilio Marciniszyn, Leonardo Dec, Aldo Gradilone, Carlos Brest, Daniel Valdes, Carmne Grossoli de Hellaid, Ricardo Burguburu, Juan Carlos Romero, Bernardino Sambrano y Osvaldo Petroli. A la Dirección General de Interior de esa fuerza pertenecían Jorge Coronel, Rolando Martínez, Raúl Cerliani, Roberto Alvarez, Eduardo Mugica, Horacio Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Lozano Windus, Francisco Mosquera y Oscar Giai. Amadeo Chamorro y Angel Castillo integraron la guardia rural “Los Pumas” de la policía de Santa Fe, y Rolando Martínez la Unidad Regional VI. Cierran la lista los prefectos Horacio Espinosa y Carlos Albareda.
Al fundamentar la calificación de lesa humanidad, Bailaque destacó que la cantidad de trabajadores secuestrados y torturados a partir del 20 de marzo de 1975 demuestra la existencia de “un ataque generalizado contra una parte de la población civil”. La ausencia de órdenes judiciales sumadas a la violencia, amenazas, tormentos y el alojamiento en centros clandestinos demuestran que se trató de “una política de un estado o de una organización con el poder de tal”.
Fuente: Página 12
