Revocaron la excarcelación de Alberto Gutiérrez, investigado por enriquecimiento ilícito.

El fiscal federal Matías Di Lello, habló con el Norte y explicó: “En una primera instancia, la fiscalía pidió la indagatoria y detención de Gutiérrez, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se lo detuvo más de 10 días, y el juez lo procesa por responsabilidad en estos dos delitos, pero luego lo deja en libertad.

La fiscalía apela este fallo y la cámara revoca la excarcelación. Entonces se dispone que se detenga, por un posible entorpecimiento de la investigación”, que estaría demostrado por los contactos que Gutiérrez tendría con sectores de poder.Ahora bien, hay que esperar el siguiente paso, que casación confirme la resolución de la cámara.Además, “se abrió otra causa vinculada, en la demora de más de once años que tardó el órgano en judicializar la situación de Gutiérrez. Es decir, la Aduana tenía conocimiento desde el año 2004 de las posibles inconsistencias patrimoniales del jefe de resguardo, no obstante tardó 11 años en hacer la denuncia a la justicia federal”, señaló Di Lello.El fiscal aseguró que se sigue investigando si existen otros posibles casos de partícipes directos en los delitos que cometió Gutiérrez.

Investigación

Tras un recurso presentado por la Fiscalía Federal de San Nicolás, la Cámara Federal de Rosario coincidió con el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la capacidad e intención evidenciada por el acusado para entorpecer la investigación. Revocó la excarcelación de Alberto Gutiérrez, acusado de delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falseamiento de declaraciones juradas.

El Ministerio Público Fiscal -representada por Wenceslao Insúa como fiscal Ad Hoc, debido a la licencia por feria del fiscal Matías Di Lello- había resaltado en su presentación que el imputado, ya procesado, reviste un alto cargo dentro de la Dirección General de Aduanas de San Nicolás, donde se desempeña desde 1980. Al respecto, se mencionó el desarrollo de lazos y conexiones políticas que le permitirían ejercer cierta influencia sobre estructuras de poder, que oportunamente le habrían permitido acceder a información confidencial relativa a la investigación, y que en la actualidad se traduce en el riesgo de continuar entorpeciendo su avance.

De la valoración integral del sumario la fiscalía concluyó que el acusado realizó maniobras de ocultamiento de sus bienes y entorpecimiento de la pesquisa, e incluso habría tenido manejos indebidos durante el curso de la detención, lo cual dio origen a la formación de una causa por separado para investigar esas circunstancias, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

En esa línea, se apuntó que la resolución omitió mencionar aspectos sumamente graves, como la operatoria observada en relación a las cajas de seguridad del Banco de la Nación Argentina: el 2 de mayo del año pasado Gutiérrez habría solicitado el cierre de las cajas de su titularidad y apertura concomitante de una nueva, cuando ya el Ministerio Público Fiscal había solicitado su detención e indagatoria; ello habría constituido “un claro operativo” para eludir el accionar de la justicia.

La fiscalía sostuvo que el acusado realizó maniobras de ocultamiento de sus bienes e indicó que Gutiérrez tenía conocimiento tanto de las intervenciones telefónicas que se venían desarrollando, como de las medidas de allanamientos a llevarse a cabo contra diversos domicilios vinculados a él y a su núcleo familiar.

El fallo de la Cámara Federal

A su turno, el juez de la Cámara Federal rosarina Aníbal Pineda destacó que los delitos investigados son graves, complejos y de posible corrupción. En tal sentido, recordó los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino, que obligan a adoptar todas las medidas jurisdiccionales necesarias en el marco de sumarios penales en los que se investiguen ilícitos vinculados con la temática.

Tras repasar las presuntas maniobras de ocultamiento de bienes marcadas por el MPF durante el curso de la detención a través de terceras personas y los movimientos el día anterior a que ello suceda, el magistrado consideró que las circunstancias ponen en evidencia su capacidad e intención de influenciar sobre el curso de la investigación por tener poder de hecho y económico, y el propósito de entorpecer la averiguación de los hechos u obstruir el accionar de la justicia.

Los camaristas consideraron que las circunstancias dieron cuenta de la capacidad e intención de influenciar sobre el curso de la investigación y entorpecer la averiguación de los hechosPor su parte, el juez Fernando Lorenzo Barbará adhirió en lo sustancial a los fundamentos de su colega. Y agregó que el concurso de delitos que se le atribuye tiene un máximo posible de pena privativa de la libertad de 21 años y cuatro meses y un mínimo de cuatro años y medio, al tiempo que su aparente disponibilidad de recursos económicos afecta a la idea de arraigo, desde que implica “las facilidades para abandonar el país o mantenerse oculto”.

Asimismo, compartió la existencia de indicios que justifican la grave sospecha de que Gutiérrez “destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba”.Por esos motivos, se revocó la resolución del 26 de julio de 2019, tal como fue solicitado por la Fiscalía Federal de San Nicolás.

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