El Gobierno porteño presentó la demanda por la coparticipación
Esta mañana la Procuración de la Ciudad presentó ante la Corte Suprema un escrito que "promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar" ante la decisión de Fernández.
La disputa por el punto de coparticipación que Nación le quitó a la Ciudad de Buenos Aires continúa: esta mañana el Gobierno porteño presentó la demanda ante la Corte Suprema.
En un escrito de 97 páginas firmado por María Cristina Cuello y con el patrocinio del Procurador Gabriel Astarloa solicitaron que “se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % originado en el Consenso Fiscal”.
Además, se pide que, “en consecuencia, se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan”.
De ese decreto reclaman “se declare la nulidad e inconstitucionalidad por ser ilegal y arbitrario en modo manifiesto, así como de todo acto administrativo o norma que se hubiera dictado o se dicte en el futuro como consecuencia del dictado de aquél”.
El texto presentado por la Procuración de la Ciudad también solicita “se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el porcentaje de coparticipación del 3,5%”.
Asimismo solicita que se ordene “la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad”.
Y agrega: “Como medida cautelar y con sustento en lo normado por la ley 26.854, solicitamos se ordene la inmediata suspensión de los efectos – ejecutoriedad – del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020), así como de todos los actos administrativos que se hubieren dictado o se dicten en consecuencia”.
Por otro lado también se pide “al Estado Nacional que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado y/o que altere el coeficiente de la CABA o disminuya los recursos correspondientes a la transferencia de competencias federales”.
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