Elizabeth Gómez, ministra argentina de las Mujeres, Género y Diversidad: “En Argentina el movimiento de las mujeres logró imponer una agenda política”

Desde que asumió como ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de Argentina, en diciembre 2019, Elizabeth Gómez Alcorta, lo hizo con el objetivo de hacer frente a las desigualdades “estructurales” que tienen lugar en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda y en la salud de su país, según dio cuenta en sus primeras entrevistas.

Pero la abogada feminista tenía otros planes antes de recibir el llamado del Presidente Alberto Fernández para dirigir esta cartera, creada en diciembre de 2019. Gómez, de 48 años, pensaba entonces comenzar un doctorado, además de escribir, leer y pasar tiempo con su hijo.

Al cumplir un año en el cargo, se vio enfrentada al controvertido proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentó el Ejecutivo y que con 131 votos a favor, 117 votos en contra y seis abstenciones fue aprobado por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre y este martes 29 será votado en el Senado. En conversación con La Tercera, a días de esta histórica sesión, “Eli” -como le dicen sus cercanos- se encuentra confiada en que la Cámara Alta aprobará la ley. Además, analiza los desafíos en términos de género y diversidad que enfrenta Argentina.

¿Cuáles son sus expectativas ante la votación en el Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo?

El ámbito del Senado siempre ha sido más difícil. De hecho, en 2018, habiendo obtenido la media sanción, no se consideró que sea ley por el tratamiento en el Senado, que se perdió por siete votos. En esta ocasión, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, entendemos que estamos en otras condiciones. Tenemos la expectativa de que el martes 29 se pueda sancionar y que sea ley.

¿Cree usted que este tema ha polarizado a la sociedad argentina?

Nosotros tuvimos un proceso en 2018, donde se llegó al tratamiento también en el Congreso de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En aquella ocasión el tema desbordó la agenda parlamentaria y fue un tema de debate en todos los ámbitos sociales, culturales, trabajo académico, durante muchos meses. Y creo que ese fue el verdadero momento en donde fue un tema de agenda social y política. Este año no se vivió del mismo modo que en 2018. Sobre todo, diría en la Cámara de Diputados y Diputadas, hubo un nivel muy bajo de beligerancia en los discursos. Hubo algunas situaciones de tensión en términos de escraches (acoso) en sus domicilios a diputados o diputadas que votaban a favor, pero no dejaron de ser cuestiones como más excepcionales. La regla fue que se trató de un debate de ideas y el tratamiento en las comisiones con legisladores a favor y en contra fue realmente muy democrático.

¿Considera que los argentinos están a favor del proyecto?

Creo que es muy grande la parte de la población que está de acuerdo con no penalizar las interrupciones del embarazo. Creo que hay una parte muy importante que entiende que es correcto legalizarla, además de no penalizar. Y creo que hay otra parte de la población que está a favor de la penalización y en contra de la despenalización. Lo que hay que tener en cuenta es que el Poder Ejecutivo Nacional envió el proyecto de ley con una clara mirada de salud pública. Se trata de mirar una situación que tiene que ver con datos estadísticos, tenemos una estimación de entre 370 mil y 520 mil abortos clandestinos por año. Pero eso es una estimación. Sí tenemos datos estadísticos sobre la cantidad de egresos hospitalarios vinculados a abortos inseguros, que para el 2019 fueron cerca de 39 mil, es decir, 39 mil mujeres que corrieron riesgo su salud o su vida producto de abortos clandestinos. Y tenemos un número de más de 3.000 mujeres muertas por los abortos clandestinos e inseguros desde el regreso a la vida democrática. Entonces, nosotros lo que entendemos es que de sancionarse la ley, nadie va a ser obligada a llevar adelante una interrupción de su embarazo. Lo que tenemos que asegurar son condiciones de seguridad. También hay una cuestión de justicia social, que es asegurar que aquellas que están decididas a llevar adelante su interrupción lo puedan hacer en condiciones seguras, tanto las que pueden pagar como las que no.

¿Cambió algo desde 2018 para que hayan decidido presentar este año el proyecto?

En términos fácticos no cambió nada. Y justamente por eso es necesario, porque la realidad es que la cantidad de egresos hospitalarios, de mujeres muertas producto de los abortos clandestinos, las dificultades para llegar con la educación sexual integral en algunos lugares de nuestro país, eso no cambió absolutamente nada. Lo que sí cambió es que es la primera vez en la historia de nuestro país que un Poder Ejecutivo, que se encuentra gobernando, envía el proyecto. Lo hace junto con otro proyecto más, que es un proyecto que se lo conoce como Mil Días, que es un proyecto de acompañamiento y de cuidado integral de la salud de las mujeres embarazadas, de los primeros tres años de vida de las niñas y los niños. Ese proyecto busca asegurar que ninguna mujer que se encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica se vea obligada o coaccionada o compelida a interrumpir su embarazo producto de esa vulnerabilidad.

¿Este es un proyecto emblemático para el gobierno de Alberto Fernández?

Esta es una demanda del movimiento de mujeres. Es una demanda traída a colación desde que se presentó el primer proyecto. Y es una demanda centralmente del movimiento de mujeres y de la diversidad. Es una demanda que la política toma o recoge justamente de un actor que en Argentina es un actor clave, es un actor muy dinámico, que en los últimos cuatro años ha sido un actor colectivo de enorme resistencia. Entonces, cuán importante es para el Poder Ejecutivo fue una promesa de campaña. Lo anunció al inicio de la apertura de sesiones legislativas. Y, efectivamente, ha tomado esa demanda.

La pandemia ha golpeado duramente a las mujeres, ¿cuáles son los desafíos en ese sentido?

Efectivamente, lo que hizo la pandemia -no solamente con las mujeres y las diversidades- fue cristalizar o profundizar todas las desigualdades que existían. En nuestro caso, claramente las situaciones de violencia se vieron agravadas no solo en Argentina, sino que en todo el mundo; la organización del cuidado entró claramente en una situación de crisis muy profunda al no haber escuelas presenciales. Esas recargas de tarea recayeron centralmente en las mujeres. Teniendo en cuenta que somos las mujeres y las diversidades los sectores más precarizados. Las mujeres tenemos mayores niveles de trabajo informal y tenemos menores niveles de autonomía. Ya estamos pensando en la salida de la pandemia y para eso estamos trabajando centralmente con una fuerte política de transversalización de la perspectiva de género en las políticas económicas. Por ejemplo, Argentina sancionó hace unas semanas la Ley de Economía del Conocimiento y esa ley establece, por ejemplo, para un sector que es absolutamente o mayoritariamente masculinizado, una promoción fiscal para la contratación de mujeres y de población travesti-trans. También estamos trabajando muy fuerte en la inclusión laboral de la población travesti-trans, que para nosotros es un tema central de nuestra política nacional. El Presidente dictó un decreto por el cual se le garantiza el 1% de la planta de personal a la población travesti-trans.

Cuando usted asumió en 2019 mencionó que tendría un equipo diverso, ¿qué tan importante es para el gobierno?

Por un lado, se ve con la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Lo que se hizo fue jerarquizar una política pública que era bastante escuálida, sobre todo la de las diversidades. En Argentina, la población travesti-trans tiene en una expectativa de vida de cerca de 40 años, es algo que tiene que generar vergüenza. Esto está vinculado a una enorme cadena de vulneraciones en las cuales el Estado es un factor clave de expulsión del sistema educativo, del sistema laboral y del sistema de salud. Por eso, para nosotros es clave trabajar para asegurar la posibilidad de la inclusión laboral como un ordenador de la vida y como un ámbito en donde se reconoce una importante serie de derechos, es absolutamente clave. Son muchas las provincias que ya empezaron a dictar sus propias leyes de cupo laboral trans.

¿Cuán difícil ha sido aplicar una perspectiva de género en las políticas?

Al cumplirse un año de la gestión, el Presidente y todo el gabinete fueron capacitados en lo que nosotros tenemos, que son una ley, que se llama la Ley Micaela, que es una ley de capacitación obligatoria para todos los funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado en perspectiva de género. Y el Presidente dictó un decreto creando lo que se llama un gabinete nacional para la transversalización de las políticas de género. Entonces, hay una enorme decisión política de transversalizar la perspectiva de género. No es algo que el Ministerio de las Mujeres en su diversidad tracciona, sino centralmente, es algo que se mueve. Y hay que decir que, además, en Argentina el movimiento de mujeres logró imponer una agenda política. Entonces eso es clave. Hay una agenda política a la cual quien gobierne tiene que poder dar respuestas, porque se impuso esa agenda. Entonces eso también es parte de las cuestiones a evaluar.