La justicia Civil también investiga irregularidades en la elección de Chiqui Tapia
Se suma al expediente que tramita en la IGJ por las denuncias de dos clubes. La jueza Mariana Callegari deberá expedirse en lo inmediato para que se pueda resolver la cuestión de fondo.
La impugnación a la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la AFA, presentada por los clubes Nueva Chicago y San Martín de Tucumán, está en pleno proceso de investigación.
Desde la Inspección General de Justicia (IGJ) esperan que el juzgado Civil de la Capital Federal emita un dictamen sobre la legitimidad o no de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino.
Mientras tanto en la justicia federal avanzó en una causa en la que se investigan irregularidades en los contratos que Tapia firmó con su amigo Carlos Varela para otorgarle los derechos digitales de la AFA y con Guillermo Tofoni, a quien le cedió los derechos para organizar partidos amistosos de la Selección y los centros deportivos de entrenamientos de la Selección. Y además, diputados de Juntos por el Cambio siguen insistiendo para que Tapia declare en el Congreso. “No puede ser que la AFA firme contratos millonarios y los clubes sigan siendo pobres”, resumió Graciela Ocaña, una de las precursoras de la citación de Tapia.
La presidencia de Tapia está objetada por dos vías: un expediente administrativo ante la IGJ y, la causa civil 31656/2020, que tramita ante el juzgado número 59, a cargo de la magistrada Callegari.
En ambos frentes, el cuestionamiento es similar: Tapia fue reelecto en una asamblea virtual, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, pero ese acto –según los denunciantes-no respetó los estatutos de la casa mayor del fútbol.
Las dos actuaciones avanzaron en forma paralela hasta que el 11 de junio, San Martín de Tucumán se presentó ante el juzgado civil advirtiendo que “se encuentra abierta y por lo tanto no agotada la instancia administrativa previa”, es decir el expediente en la IGJ.
En ese contexto, el club tucumano (representado por el abogado Gonzalo Nahuel Masot) pidió “la suspensión de los términos procesales de la causa presente, ello a las resultas del dictado del acto administrativo definitivo por parte de la I.G.J”.
La jueza hizo lugar el mismo día al planteo y así, la causa judicial quedó supeditada a un pronunciamiento de la IGJ. Fuentes de las ligadas a la Inspección General de Justicia le aseguraron a NA que van a esperar el fallo de la justicia civil para evitar más dilaciones, ya que esperan un resolución en muy corto plazo.
El viernes, el director de Entidades Civiles de la IGJ, Guillermo Echeverría, le envió a la jueza Callegari un pedido para que “se procure, con preferente despacho, una copia certificada de la demanda que origina las actuaciones que tramitan en autos”.
Además, le pidió que “se efectúe informe sobre el estado procesal de dicha causa, todo ello a los efectos de meritar la prosecución de las denuncias que
corren en los trámites
La jueza Callegari resolvió el lunes pasado ordenar la certificación de la causa ante el pedido de la IGJ y otorgarle un turno para que concurra a retirar una copia del expediente.
La magistrada decidirá sobre el cuestionamiento de la asamblea planteada por San Martín de Tucumán. Pero a más tardar, en dos semanas la IGJ decidirá sobre el su expediente, identificado con el número 355271/9209272.
NA
