Más del 65% de la población con discapacidad económicamente activa no tiene trabajo

En la actualidad, el acceso al empleo sigue siendo muy dificultoso para las personas con discapacidad y son muchas las que no tienen acceso al mundo laboral, lo que impacta en dificultades para ellas y sus familias. Según el último Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad elaborado por el INDEC arrojó que más del 65% de la población con discapacidad económicamente activa no tiene trabajo.

Dentro de la población con discapacidad que posee empleo, el 49,4% es obrera o empleada, el 40,5% trabaja por cuenta propia, el 8% lo hace como trabajador familiar y el 3,3% es patrón.

En este sentido, el otorgamiento de pensiones no contributivas resulta una medida paliativa que se articula a los fines de generar un ingreso (equivalente al 70 % de una jubilación mínima) que, al mismo tiempo, habilita el ingreso al Programa Incluir Salud para posibilitar el ejercicio del derecho de acceso a la salud integral.

“Si bien se avanzó en la materia la deuda de incorporar a las Personas con Discapacidad (PcD) al empleo formal está muy lejos de saldarse, de hecho no se cumple el cupo laboral establecido por la legislación vigente, del 4% en el empleo público a nivel nacional”, indica en su informe Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS).

De este informe también se desprende que el 13,6% de la población con discapacidad que no posee empleo no trabaja o no busca trabajo porque cree que no va a conseguirlo a causa de su discapacidad.

En un contexto donde son pocas las personas con discapacidad que acceden a un empleo formal, es necesario enfatizar en la problemática que gira en torno a la inaccesibilidad y desigualdad que genera la sociedad.

La discapacidad tiene un sesgo social y político por la inaccesibilidad del entorno, no sólo físico, también comunicacional y cultural, que resulta en un entorno poco amigable y hasta hostil.

El pedido de políticas inclusivas para este colectivo es central y lleva más de 25 años de luchas de organizaciones ya que la posibilidad de acceder a un empleo formal para este colectivo implica dificultades desproporcionadas con respecto al resto de la sociedad.

“El Estado debe salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes. Debemos salvaguardar el diseño universal para garantizar entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial”,

Considera Ramos en su escrito.

Así mismo “hay que procurar se hagan los ajustes razonables (modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que requiera un trabajador o trabajadora en particular) en los puestos que así lo requieran. De esta forma estaremos trabajando por el ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que asisten a las PcD tanto como a cualquier otra persona”.

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