Contaminación en el río Paraná: empresa del grupo Techint bajo investigación

Ternium Argentina, una de las compañías del grupo Techint liderado por el magnate Paolo Rocca, es reconocida como la mayor productora de acero en la región, aunque muchos aún la llaman por su nombre anterior, Siderar, o incluso como Somisa, su denominación previa a la privatización en los años 90. Con una capacidad productiva anual de más de tres millones de toneladas de acero crudo, la principal planta de Ternium se encuentra en Ramallo, provincia de Buenos Aires, en una zona ribereña declarada bosque nativo. Allí, los vecinos han estado esperando durante años una decisión judicial que detenga la contaminación del agua subterránea y el río con metales pesados como níquel, cobre, plomo y cromo, que presuntamente ha sido causada por Ternium durante más de una década.

Recientemente, una pericia oficial realizada por un ingeniero en Seguridad Ambiental ha confirmado estas acusaciones. El informe expone que la empresa ha estado operando sin los permisos necesarios, incluyendo el “Certificado de aptitud ambiental” y el permiso de “Vuelco de efluentes líquidos industriales”, y ha estado acumulando residuos a cielo abierto sin cumplir con ninguna norma ambiental. El informe también señala que la planta no cumple con las normativas sobre la descarga de efluentes gaseosos peligrosos, que requieren un tratamiento previo antes de ser liberados a la atmósfera. El informe detalla los graves daños que cada sustancia peligrosa, como el plomo, puede causar en la salud humana y el medio ambiente.

La pericia oficial ha generado una gran preocupación entre las autoridades y los grupos ambientalistas, que han exigido una acción inmediata para detener la contaminación y proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente. Los vecinos afectados por la contaminación han estado esperando durante años una decisión judicial que proteja su derecho a un ambiente saludable y sostenible.

Agresión sin freno

La Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que actúa como querellante en la causa, considera que la pericia confirma sus denuncias de que la empresa ha estado cometiendo agresiones ambientales durante décadas. La Policía Federal Argentina ha realizado informes que muestran la presencia de metales pesados en el agua en la zona de vuelcos.

El abogado de la ONG, Fabián Maggi, afirmó que la pericia oficial confirma la gravedad ambiental del caso. Por lo tanto, presentó un escrito judicial para que el recurso de amparo que está en trámite desde hace más de tres años tenga un tratamiento prioritario.

Maggi también recordó que ningún juez ha dictado una medida cautelar hasta el momento, a pesar de la evidencia visual del depósito de residuos industriales en la zona pública de humedales, bañados y bosques nativos. Por lo tanto, espera que la pericia sea la llamada de atención necesaria para que el poder judicial tome medidas enérgicas.

Demoras

La Asociación Civil Cuenca Río Paraná, querellante en la causa contra la mayor planta siderúrgica del grupo Techint, ha estado esperando durante más de un año la opinión del juzgado Federal N° 2 de San Nicolás sobre el recurso de amparo ambiental presentado para frenar los presuntos delitos de atentado a la salud pública e infracción a la ley de residuos peligrosos.

El juez inicialmente asignado al caso, Carlos Villafuerte Ruzo, se declaró incompetente para intervenir en demandas contra el grupo Techint. Su decisión fue recurrida y revocada por la Cámara de Casación Penal de la Nación, que le ordenó evitar “demoras” y agilizar el proceso.

A pesar de esto, la causa continúa subrogada por jueces de otras jurisdicciones. Actualmente, se encuentra en la Cámara de Apelaciones, donde la querella presentó una pericia ambiental que confirma la denuncia contra la siderúrgica por el vuelco de efluentes de forma prohibida e ilegal, y una solicitud de medida cautelar inmediata.

Ante un “grave escenario de riesgo ambiental”, el escrito solicita un tratamiento prioritario del caso y el restablecimiento del “derecho humano a un ambiente sano disponiendo el cese de las conductas degradantes”.

Según Fabián Maggi, abogado ambientalista, es alarmante el bajo nivel de inversión durante décadas por parte de empresas multinacionales que externalizan sus costos de producción con los bienes comunes de la sociedad entera: aire, suelo, agua, flora y fauna nativa.