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Ministerio de Trabajo dicta conciliación obligatoria en paro de colectiveros: UTA levanta el paro

La medida busca una solución pacífica al conflicto, mientras la UTA acata la conciliación y se inician negociaciones

El Ministerio de Trabajo ha emitido una medida de conciliación obligatoria en respuesta al paro anunciado por los colectiveros de corta y media distancia debido a reclamos salariales. Esta decisión tiene como objetivo primordial promover una solución pacífica y legal al conflicto, enmarcándose en la competencia de la autoridad laboral.

En virtud de esta medida, se establece un período de cinco días hábiles para que las partes involucradas negocien y busquen un acuerdo que ponga fin al conflicto. Además, se enfatiza la necesidad de garantizar la paz social y prevenir posibles alteraciones causadas por las acciones de las partes.

La ratificación por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de acatar la conciliación obligatoria refuerza la importancia de buscar una solución en beneficio de todos los actores involucrados. La intervención activa del Ministerio de Trabajo y el respaldo de la Justicia Nacional del Trabajo a las medidas cautelares también han contribuido a este escenario.

La conciliación obligatoria implica que las empresas deben abstenerse de tomar represalias contra el personal representado por la organización sindical, lo que garantiza la protección de los derechos de los trabajadores.

Por otro lado, un sector disidente de la UTA había anunciado inicialmente la cancelación del paro de colectivos, pero más tarde el Consejo Nacional de la organización convocó a una medida de fuerza de 24 horas para este viernes, en busca de aumentos salariales.

En resumen, la emisión de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo busca fomentar una solución pacífica y legal en el paro de colectiveros por reclamos salariales. Esta medida es respaldada por la UTA y establece un plazo para negociaciones entre las partes. El objetivo principal es garantizar la paz social y prevenir posibles desbordes, mientras se protegen los derechos de los trabajadores.

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