ADEPA alerta sobre proyecto de ley en Salta que penaliza la difusión de ‘noticias falsas’

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha mostrado su preocupación por un proyecto de ley en la provincia de Salta que ha obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y que busca penalizar la difusión de “noticias falsas” en el ámbito digital. El proyecto contempla sanciones de arresto y/o multas para aquellos que difundan información considerada falsa, quedando su determinación a criterio del gobierno en turno.

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ADEPA ha expresado que esta medida podría afectar a los ciudadanos salteños, así como a los medios de comunicación, y teme que pueda restringir la libertad de prensa y el derecho a la información. Según la entidad, ya existen leyes vigentes que permiten a quienes se sientan perjudicados por una publicación recurrir a la justicia, lo que asegura que no haya impunidad en el ejercicio de la libertad de prensa.

Uno de los aspectos más preocupantes para ADEPA es el artículo 50 del proyecto, el cual impone sanciones de arresto de hasta veinticinco días o multas a aquellos que creen o difundan noticias falsas con el propósito de infundir pánico, desacreditar a personas o autoridades oficiales, o generar desórdenes o tumultos en el ámbito digital.

La entidad considera que las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, como “noticias falsas” (fake news), no se alinean con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y considera que el uso de sanciones penales para reprimir la difusión de información o ideas debe ser excepcional, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel vs. Argentina.

Además, ADEPA destaca que cualquier regulación provincial que exceda lo establecido por el Congreso de la Nación en 2009 en este tema sería inconstitucional y contradice las obligaciones internacionales del Estado Argentino. La asociación hace un llamado a preservar la libertad de prensa y proteger el derecho a la información en un marco que respete los estándares internacionales de derechos humanos.