Juntos por el Cambio Logra Reforma en Ley de Alquileres: Plazos y Actualizaciones en Debate

Luego de un intento fallido de derogación, el bloque Juntos por el Cambio logra introducir reforma en la Ley de Alquileres, focalizándose en reducir la duración de los contratos y en establecer actualizaciones de precios más frecuentes.

Con 125 votos a favor, 112 en contra y tres abstenciones, esta coalición opositora alcanza la tan esperada media sanción, obteniendo respaldo de los diputados de Córdoba Federal, el interbloque Provincias Unidas y el bloque SER.

En contraposición, el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y La Libertad Avanza se posicionaron en contra. En el caso del bloque liderado por Javier Milei, la negativa se debe a su firme oposición a cualquier regulación en el mercado de alquileres inmobiliarios.

El interbloque Federal experimenta divisiones: Graciela Camaño, Florencio Randazzo, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca votaron a favor, mientras que Natalia de la Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez se opusieron. Por su parte, los socialistas santafesinos Enrique Estévez y Mónica Fein optaron por la abstención.

La iniciativa actual, promulgada en 2020, establece contratos de tres años con ajustes anuales basados en índices fijos que combinan el IPC y el RIPTE. Sin embargo, esta norma no ha producido los resultados esperados debido a la inflación descontrolada y los cambios en el mercado inmobiliario. La proliferación de alquileres temporarios en plataformas extranjeras y la disminución de la oferta debido a otras formas de especulación inmobiliaria han influido en esta situación.

La reforma de la Ley de Alquileres ha sido una cuestión postergada debido a las marcadas diferencias entre el Frente de Todos y la oposición. Las reuniones informativas en la comisión de Legislación General comenzaron en abril de 2022, y los dictámenes estuvieron listos desde julio del mismo año.

El escenario previo para Juntos por el Cambio resultó desafiante y complejo, ya que la presencia de quórum estuvo en duda hasta el último instante. Sin embargo, lograron superar este primer obstáculo al reunir a 129 diputados de diversos bloques opositores.

Aunque Juntos por el Cambio ya disponía de un dictamen desde el año anterior, su enfoque inicial era la derogación de la denominada “Ley Lipovetzky”. No obstante, al carecer de un dictamen para esta iniciativa, requerían el respaldo de las dos terceras partes de las voluntades para incluirla en la agenda. Los resultados fueron 124 votos a favor y 110 en contra.

Después de este intento fallido, se procedió a votar el dictamen mayoritario del Frente de Todos, el cual fue previsiblemente rechazado.

El oficialismo propuso mantener los aspectos esenciales de la ley actual, que comprenden contratos de tres años y ajustes anuales basados en índices fijos como el IPC y el RIPTE. La única novedad radica en la introducción de incentivos fiscales para los propietarios, con el fin de fomentar la oferta de propiedades en alquiler y contrarrestar el retiro acelerado de viviendas del mercado.

El dictamen de minoría impulsado por Juntos por el Cambio, que obtuvo la aprobación preliminar, flexibiliza las condiciones contractuales al establecer plazos de dos años e indexación basada en índices acordados por las partes.

“Legislar significa proteger a los más vulnerables, y eso es lo que debemos hacer”, afirmó Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, cuestionando el dictamen de minoría por dejar a libre albedrío el precio del alquiler, donde a menudo prevalece la parte más fuerte en la relación contractual.

El proyecto opositor también contempla incentivos fiscales para los arrendadores. Según Alejandro Cacace (Evolución Radical), uno de los autores, “Dado el reconocido declive en la oferta de propiedades en alquiler, ofrecemos incentivos fiscales, ventajas tributarias en el monotributo, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y diversos mecanismos para incrementar la oferta de propiedades en alquiler”.

El dictamen de minoría establece: “En los contratos de alquiler de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio debe fijarse como un valor único para períodos mensuales, con la posibilidad de ajustes acordados por las partes, en intervalos no inferiores a 4 meses”. Esta versión suprime la referencia a intervalos de “entre tres y doce meses”.

Graciela Camaño, diputada de Identidad Bonaerense, alertó sobre cómo la legislación ha desalentado la oferta.

Por otro lado, Pablo Tonelli (PRO) sostiene que “recuperar la normalidad en el mercado inmobiliario requiere restablecer el equilibrio”, y considera que esto existía antes de esta ley, cuando los contratos se basaban en el Código Civil y Comercial.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman argumenta que “los cambios propuestos, ya sea la derogación o el dictamen de minoría, perjudican a los inquilinos”.

“El lobby inmobiliario está ejerciendo gran influencia. Nosotros resistimos, no nos convencerán los lobbies de las grandes inmobiliarias y especuladores que siempre sacan provecho de este negocio”, expresó la candidata presidencial y referente del PTS.