Concluye el juicio por trata y explotación sexual en Corrientes
El juicio por la red de trata y explotación sexual en Paso de los Libres ha llegado a su fase final, con una serie de acusados que incluyen al empresario Ricardo Aguirre, su pareja Clelia Espada, su hijo Ricardo Gustavo Aguirre y el comandante principal de Gendarmería, José María Viero, quien es cuñado del ex fiscal federal Benito Pont. Pont fue apartado del proceso debido a razones de salud.
La lista de imputados es extensa e incluye a Rosana Estela Rodríguez, Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos, Claudia María Do Santos, Dionisio Velasco, Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell, Norma Rosalía Lanatta, María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain. Cada uno enfrenta distintos niveles de responsabilidad en los delitos investigados.
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Los fiscales a cargo del caso argumentan que Ricardo Aguirre aseguró su impunidad y la de sus cómplices a través de su influencia sobre su amigo y ex socio comercial, el entonces fiscal federal Pont, y de José María Viero, quien tenía autoridad en la ciudad debido a su alto rango en la Gendarmería Nacional Argentina, como Comandante Mayor Retirado.
Se alega que el ex gendarme tenía influencia política debido a sus asignaciones de gran relevancia, como la Dirección de Inteligencia de la fuerza y la custodia presidencial en la Casa de Gobierno Nacional. El método utilizado para explotar a las mujeres involucraba la compra de bebidas alcohólicas en locales y luego trasladarlas al Hotel Momentos, propiedad de Viero y operado por la familia Aguirre-Espada-Rodríguez.
Cabe destacar que Espada y Rosana Rodríguez figuraban como titulares de las habilitaciones comerciales extendidas por la Municipalidad de Paso de los Libres en 2011. A pesar de varios allanamientos, la red continuó operando desde 2010 hasta 2016.
En total, se rescataron a 36 víctimas, algunas de las cuales fueron captadas cuando eran menores de edad y luego explotadas en prostíbulos, como el “Puro Movimiento”, durante varios años. Las víctimas provenían de diversas regiones de Argentina, así como de Paraguay y la República Dominicana. La fiscalía y la querella están solicitando una reparación económica de más de $300 millones en nombre de las víctimas. Este caso arroja luz sobre la lucha continua contra la trata de personas y la explotación sexual en Argentina.
