Desarticulan red de corrupción liderada por policías bonaerenses en extensa operación policial
En una operación conjunta y coordinada entre los fiscales Marcantonio y Mujica Díaz, se llevaron a cabo un total de 25 allanamientos destinados a desmantelar una red delictiva conformada por efectivos de la Policía bonaerense y civiles. Esta compleja investigación abordó una serie de delitos que abarcaban desde la comercialización de drogas hasta robos calificados, hurtos y privación ilegítima de la libertad, entre otros.
Como resultado de estos allanamientos, se logró la detención de 8 funcionarios policiales y 3 civiles involucrados en actividades ilícitas. Los procedimientos arrojaron un importante decomiso de evidencia, incluyendo teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento de datos, armas de fuego, una gran cantidad de estupefacientes listos para la venta (incluyendo cocaína, marihuana y éxtasis), balanzas de precisión, dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares estadounidenses, así como también una camioneta utilizada para el transporte de drogas.
La investigación, que involucra a personal policial de la provincia de Buenos Aires, ha sido dirigida por las Unidades Funcionales de Instrucción Nº 1 y 14, encabezadas por la Dra. María Verónica Marcantonio y el Dr. Patricio Mugica Díaz. Los fiscales trabajaron en colaboración con la Policía Judicial y la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital.
Uno de los aspectos destacados de esta operación fue la identificación de organizaciones criminales conformadas principalmente por funcionarios policiales, que se dedicaban a cometer delitos contra la propiedad, como hurto y robo agravado, utilizando armas de fuego. También se reveló la comisión de delitos contra la libertad, como privación ilegítima de la libertad, en complicidad con civiles.
Además, se descubrió que se llevaban a cabo prácticas fraudulentas en el manejo de las horas adicionales (Core) trabajadas por el personal policial, beneficiando así a ciertos individuos dentro de la fuerza, a cambio de retribuciones económicas. Esto resultó en acusaciones de fraude a la administración pública.
En el curso de una de las investigaciones, se imputó a funcionarios policiales por la comercialización de estupefacientes, un delito doblemente agravado por haber sido cometido con la participación organizada de tres o más personas y por agentes policiales encargados de la prevención y persecución de los delitos contemplados en la ley 23.737. También se presentaron cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
El material probatorio recopilado durante estas investigaciones fue resultado del análisis de evidencia digital y diversas medidas probatorias, todas llevadas a cabo por el Ministerio Público Fiscal de San Nicolás. Esta sólida base de pruebas permitió la realización de los allanamientos en distintos puntos del Departamento Judicial y culminó con las detenciones y el decomiso de evidencia crucial para la prosecución de los casos.
La operación recibió el respaldo y la colaboración del Superintendente de la Zona Norte, Crio General Walter Mamani; el Coordinador General, Crio. Mayor Pedro Romano, y el Jefe Departamental, Crio Inspector Marcelo Morales, todos ellos pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
