Reabren la investigación sobre el caso de “Chocolate” por cobro de sueldos con tarjetas de débito
La fiscal Betina Lacki, con sede en La Plata, retomó ayer la investigación sobre Julio “Chocolate” Rigau, un influyente operador político del peronismo que había sido detenido por el presunto cobro indebido de los salarios de 49 empleados de la Cámara de Diputados bonaerense a través de tarjetas de débito. La fiscal ha dispuesto un total de 20 medidas de prueba, incluido un peritaje en el teléfono celular de Rigau programado para el 15 de octubre.
Además, se han solicitado más informes a la Cámara de Diputados, al Banco Provincia, y se ha citado a declarar a los titulares de las tarjetas que aún no han comparecido ante la Fiscalía.
La reapertura de la investigación se produjo después de que el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, apelara la decisión de la Cámara de Apelaciones que había anulado el caso. La fiscal Lacki considera que esta apelación suspende los efectos de dicha resolución y permite que la causa siga su curso.
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La investigación había quedado en suspenso hace dos semanas cuando la Cámara de Apelaciones, con el voto de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, ordenó la liberación de “Chocolate” Rigau y anuló la causa argumentando que su detención había sido ilegal. Ahora, el caso se encuentra en manos de la Cámara de Casación.
Sin esperar una resolución de Casación, la fiscal Lacki ha avanzado en diversas medidas, incluyendo la apertura del teléfono celular de Rigau, y ha pedido un análisis exhaustivo del contenido del dispositivo, incluyendo la agenda, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes.
Además, ha ordenado al Banco Provincia que entregue las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a la sucursal de Plaza San Martín en ciertos días de septiembre, cuando se cree que Rigau realizaba extracciones de fondos con las tarjetas de débito.
Por otro lado, la fiscal ha solicitado a la Cámara de Diputados de la Provincia que explique la categoría de “bloque político” en la que figuraban los empleados en sus registros. La intención es determinar las responsabilidades y funciones de estos supuestos empleados que percibían salarios mensuales de 580,000 pesos y que, se sospecha, le entregaban sus tarjetas de débito a Rigau para que cobrara sus sueldos.
La fiscal busca esclarecer la verdadera ocupación de estos empleados, identificar a sus supervisores, entender su régimen laboral y sus horarios de trabajo. Existe la sospecha de que se trataba de empleados “ñoquis” que estaban registrados como trabajadores, pero cuyos salarios eran cobrados por terceros. La fiscal ha solicitado los contratos laborales y el expediente de Rigau en relación a estos empleados.
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