Suspendieron la pericia al teléfono de Julio “Chocolate” Rigau por apelación en causa anulada
La pericia programada para hoy, que tenía como objetivo acceder al contenido del teléfono de Julio “Chocolate” Rigau, el influyente puntero del Partido Justicialista (PJ) que fue sorprendido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense, ha sido suspendida por decisión del juez de garantías de La Plata, Federico Atencio.
Esta suspensión es resultado de una apelación presentada por la defensa de Rigau, encabezada por Alfredo Gazcón, debido a que la Cámara de Apelaciones de Garantías de La Plata había declarado la nulidad de la causa. La fiscal Betina Lacki había solicitado la pericia para continuar la investigación, sosteniendo que la nulidad dictada por la Cámara de La Plata no poseía efectos suspensivos sobre el curso del caso, ya que aún no se encontraba firme. La decisión final sobre la validez de esta nulidad está pendiente de la Cámara de Casación bonaerense.
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La nulidad fue decretada por los jueces Juan Alberto Benavídes y Alejandro Villordo, quienes argumentaron que la detención de Rigau, realizada por la Policía en un cajero de La Plata el pasado 9 de septiembre, se llevó a cabo sin la debida autorización judicial previa. Además, consideraron que la notificación a la Justicia por parte de la Policía fue tardía, ya que se produjo una vez que Rigau fue trasladado a la comisaría y su teléfono celular, las 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense, y más de un millón de pesos en efectivo habían sido secuestrados.
La Fiscalía busca también interrogar a los empleados de la Legislatura bonaerense que eran titulares de las tarjetas que Rigau tenía en su posesión. La investigación tiene como objetivo determinar las actividades laborales de estos supuestos empleados, quienes percibían salarios mensuales de 580,000 pesos y entregaban sus tarjetas a Rigau para que cobrara sus sueldos en su lugar.
La fiscal intenta establecer detalles sobre los lugares de trabajo, quiénes eran sus superiores, el régimen laboral al que estaban sujetos, así como su horario laboral. Se sospecha que estos individuos podrían haber sido empleados “ñoquis” que figuraban en los registros de la Legislatura, cobrando parte de su sueldo o permitiendo que alguien más lo hiciera en su nombre. En este contexto, la fiscal también ha solicitado los contratos individuales de empleo de cada uno de estos trabajadores y el archivo personal de Julio Rigau.
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