Desafíos persisten a tres años de la legalización del aborto: informe de amnistía internacional revela déficits en la implementación de la ley
Hoy, a tres años de la aprobación de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, Amnistía Internacional presenta su informe titulado “No se ejerce un derecho que se desconoce 2”, continuando el seguimiento iniciado hace más de dos años.
El informe destaca disparidades significativas entre las provincias, señalando déficits sustanciales en la producción y difusión de información, así como en la rendición de cuentas en torno a la ley. En muchos contextos, mujeres y personas gestantes aún enfrentan desafíos para acceder a datos de calidad sobre aspectos cruciales para el ejercicio de sus derechos, como la información sobre cómo y dónde acceder a un aborto.
La normativa establece que los Estados tienen la responsabilidad de generar información, derogar normas y prácticas que violen el derecho al aborto e implementar medidas para garantizar su cumplimiento. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, subraya que “lograr la efectiva implementación de la ley exige el desarrollo de políticas públicas que aseguren la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, la capacitación de profesionales, el acceso a la medicación, la mejora en la atención post evento obstétrico, el fortalecimiento de la educación sexual integral y el acceso a la información”.
En un contexto de ataques a la libertad de las mujeres, Belski enfatiza la importancia de garantizar que todas puedan acceder plenamente a sus derechos. El informe destaca la relevancia crucial de la información, subrayando que la falta de datos tiene consecuencias tangibles, exponiendo a las personas a situaciones de maltrato, trato indigno o violento, reforzando sentimientos de culpa y miedo, poniendo en riesgo la salud física debido a demoras en el acceso y afectando la salud mental.
Simultáneamente, resalta que la información es una herramienta clave para la formulación de políticas públicas, siendo fundamental para la planificación y evaluación del sistema de salud. En un llamado a la acción, el informe subraya la necesidad de abordar estos desafíos persistentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos contemplados en la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
