Reforma trascendental en la provisión de alimentos: fin a la corrupción y sobreprecios
En un giro sin precedentes, el Gobierno encabezado por Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello, está llevando a cabo una transformación radical en la manera en que se suministran alimentos a establecimientos públicos y a familias beneficiarias de planes sociales alimentarios. La medida responde a la necesidad de erradicar prácticas perniciosas que caracterizaron la gestión anterior, marcada por proveedores estatales que imponían sobreprecios y empresas favorecidas en licitaciones, como ocurrió durante la administración de Alberto Fernández y su ministro Daniel Arroyo.
La estrategia principal para combatir estos problemas consiste en eliminar intermediarios y reducir costos, abordando así los vicios arraigados en el sistema. Pettovello propone una solución sencilla pero eficaz: los fondos destinados a la provisión de alimentos se transferirán directamente a la cuenta bancaria de cada beneficiario, evitando así la intervención de proveedores con conexiones políticas y los consiguientes sobreprecios.
Durante la administración anterior, varios escándalos de corrupción salieron a la luz, destacando casos de alimentos en mal estado y licitaciones con sobreprecios injustificados. Empresas como Forain SA, Teylem SA, Copacabana S.A, Sol Ganadera SRL, M.H. Accurso SRL y Alimentos Generales SA se vieron envueltas en acusaciones de prácticas cuestionables. La falta de transparencia y el aprovechamiento de la situación de escasez fueron las excusas ofrecidas, pero las sospechas de comisiones y prácticas indebidas persistieron.
El escenario se agravó con la llegada de Victoria Tolosa Paz al Ministerio de Desarrollo Social, con episodios como la compra de frazadas millonarias y polémicas adjudicaciones de licitaciones a proveedores cuestionables. La implementación de cambios en la asignación de recursos busca poner fin a estos problemas sistémicos y establecer un sistema más transparente y eficiente para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, sin dar cabida a la corrupción y los intereses indebidos.
