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Propuesta de eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento electoral

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El Gobierno liderado por Javier Milei ha presentado un ambicioso proyecto de ley denominado “ómnibus” ante el Congreso argentino, buscando una reforma integral que abarca diversos aspectos del sistema político. Una de las propuestas más destacadas es la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), establecidas en 2009 para la selección de candidatos a cargos electivos.

El artículo 451 del “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” propone la derogación del título II de la Ley N° 26.571, que estableció las PASO. Esta medida se acompaña de modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, donde el Estado contribuirá al funcionamiento normal de los partidos reconocidos, abordando aspectos como el desenvolvimiento institucional, la formación política y las campañas electorales generales.

En el ámbito del financiamiento, el proyecto redefine la distribución de recursos, estableciendo partidas diferenciadas para elecciones presidenciales, parlamentarias del Mercosur, elecciones de senadores y diputados. Además, introduce la proporcionalidad en la asignación de fondos basada en el desempeño electoral anterior de cada partido.

La propuesta también incluye cambios en la integración de listas de candidatos, exigiendo la ubicación intercalada de mujeres y varones desde el candidato titular hasta el último candidato suplente en elecciones de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur.

En relación con la difusión de actos de campaña, se establece una prohibición durante los últimos 25 días previos a la elección general para evitar la promoción de obras públicas y programas que puedan influir en el sufragio. Este cambio reemplaza la normativa anterior que fijaba el límite en 35 días.

Finalmente, el proyecto aborda la participación en debates electorales, derogando el artículo que imponía sanciones a los candidatos que se negaran a participar. La Cámara Nacional Electoral convocará a los candidatos en los cinco días hábiles posteriores a su proclamación para determinar su voluntad de participación en el debate, marcando un nuevo enfoque en la regulación del proceso electoral argentino.

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