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Estimaciones señalan que los argentinos poseen más de US$100.000 millones en criptomonedas no registradas ante las autoridades fiscales

El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha ratificado una decisión histórica al permitir la realización de contratos en criptomonedas en el país. Según estimaciones, los argentinos ya poseen más de US$100.000 millones en dinero digital, revelando un crecimiento constante en la adopción de estos activos.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Milei ha habilitado la firma de contratos en cualquier moneda, incluyendo las criptomonedas. Sin embargo, para hacer uso de esta posibilidad, los activos digitales deben ser previamente declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Este requisito presenta un desafío, ya que la mayoría de los criptoactivos no están registrados en el país.

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La medida afecta especialmente a profesionales que ofrecen servicios al exterior, muchos de los cuales se encuentran en una zona gris debido a la falta de registro de las criptomonedas que reciben como pago. A pesar de las complicaciones, la apertura a contratos en criptoactivos ha sido bien recibida por algunas figuras, como la canciller Diana Mondino y Manuel Beaudroit, CEO de la aplicación Belo, quienes destacan la certeza, flexibilidad y apertura que esta medida brinda.

Pablo Reyes, CEO de SaldoAr, advierte sobre la necesidad de una mayor claridad en un sector que ha sido caracterizado por su informalidad. Estima que más de US$100.000 millones en criptoactivos circulan en Argentina sin tributar.

La declaración de las criptomonedas se vuelve crucial, ya que el gobierno busca generar ingresos fiscales a través de impuestos como Bienes Personales y Ganancias. Felix Rolando, tributarista y socio de la consultora Andersen, destaca la obligación de declarar las criptomonedas según las leyes impositivas existentes.

En cuanto a la legalidad internacional, las normativas de blanqueo de capitales también incluyen a las criptomonedas, con requisitos de cumplimiento para las plataformas y exchanges. No cumplir con estas normas puede acarrear consecuencias legales.

En caso de que una criptomoneda no esté declarada, se presentan dos alternativas: participar en un eventual blanqueo propuesto por el gobierno o declarar las criptomonedas antes de firmar un contrato cripto. Ambas opciones dependen de la aprobación y reglamentación de un proyecto de blanqueo.

La volatilidad de Bitcoin plantea interrogantes sobre la conveniencia de usarlo para contratos, sugiriendo que las criptomonedas estables vinculadas al dólar pueden ser una opción más predecible. A pesar de la incertidumbre, la Argentina ya se encuentra entre los principales países con interés y tenencia de criptomonedas.

En este contexto, la implementación de contratos en criptoactivos se presenta como un desafío y una oportunidad para la economía argentina, en la búsqueda de estabilidad financiera y la lucha contra la inflación, un objetivo central para el gobierno de Milei.

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