Impacto inflacionario: estrategia gubernamental de reducción en gastos de jubilaciones y asignaciones sociales
En el pasado mes de diciembre de 2023, la economía experimentó una inflación significativa del 25,5%, generando consecuencias divergentes tanto para la población más vulnerable como para las finanzas gubernamentales. Mientras el sector más desfavorecido sufría una marcada disminución en su poder adquisitivo, el gobierno encontró en este fenómeno una oportunidad para mejorar sus cuentas fiscales.
A diferencia de situaciones pasadas, como la crisis de 2001 que resultó en una reducción del 13% en las jubilaciones y pensiones en términos nominales, el ajuste inflacionario actual opera de manera inversa. La pérdida de poder adquisitivo se materializa porque lo que antes valía $100 ahora se valora en $113, sin que los ingresos se vean incrementados de manera proporcional.
En este escenario, el gobierno continúa percibiendo ingresos fiscales a un nivel constante, ya que los impuestos se calculan sobre la base del nuevo valor inflado. Por otro lado, debe cumplir con las mismas obligaciones financieras, a pesar de la devaluación de la moneda.
Un análisis llevado a cabo por la consultora Analytica revela que durante diciembre de 2023, el gasto real devengado disminuyó significativamente en un 31% respecto al mes anterior y un 33,8% en términos interanuales, ajustado por la inflación.
Entre las partidas más afectadas se encuentran la obra pública (-69,4%), el gasto en bienes y servicios (-56,6%), las jubilaciones y pensiones (-38,3%) y los programas sociales (-31,5%). Sorprendentemente, las transferencias a provincias fueron la única partida que experimentó un aumento del 6,9%.
Este ajuste presupuestario no es aislado, ya que Analytica señala que, en el acumulado del año 2023, el gasto real devengado se redujo en un 8,8%. Las áreas más afectadas fueron asignaciones familiares y AUH (-29,4%), subsidios económicos (-20,9%), especialmente los destinados a energía (-25,9%), y bienes y servicios (-15,3%).
La consultora atribuye este recorte significativo en el gasto público, especialmente en jubilaciones y pensiones, al cambio de administración y las prioridades gubernamentales recién establecidas. Durante el primer mes de gestión, el gasto primario fue un 50% menor en comparación con la administración de Mauricio Macri y un 22% menos en comparación con la de Alberto Fernández, según destaca el informe de Analytica.
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