La Iglesia Católica en Argentina prescinde de fondos estatales
La Iglesia Católica en Argentina ha tomado una decisión histórica al renunciar definitivamente a los aportes económicos provenientes del Estado. A partir del 1 de enero de este año, los arzobispos y obispos tampoco recibirán más asignaciones mensuales, marcando un cambio significativo en la financiación de la Iglesia en el país.
La medida fue formalizada después de que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) concluyera el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual establecida por la ley 21.950. Este proceso, que se inició en 2018, fue anunciado cuando la Iglesia decidió “renunciar progresivamente” al aporte estatal, que en ese momento representaba alrededor de 130 millones de pesos anuales.
La CEA informó el martes pasado que, según lo establecido en Asamblea Plenaria y comunicado a la Secretaría de Culto de la Nación, el proceso de renuncia se completó el último día hábil de diciembre de 2023. Además, se reveló que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, mediante una resolución del 26 de abril de 2023, permitirá a los arzobispos y obispos que hayan dejado sus cargos por razones de edad o invalidez solicitar, con ciertos requisitos, el beneficio de la asignación prevista en la ley, estableciendo un monto actual de 98.000 pesos.
En 2018, la CEA anunció su decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales, que representaban aproximadamente el 10% del presupuesto total de la Iglesia, alrededor de 130 millones de pesos anuales. En julio de 2020, los obispos propusieron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado a buscar donantes y fondos para financiar las tareas pastorales en el país.
A pesar de que el aporte estatal cubría solo una fracción del presupuesto total de la Iglesia, era de gran importancia para las diócesis más desfavorecidas, ya que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos. Este cambio representa un desafío significativo para la Iglesia Católica en Argentina, que ahora buscará nuevas fuentes de financiamiento para continuar con sus labores pastorales en el país.
