La Rioja: habilitan indagatoria a más de mil personas por cobro irregular del plan potenciar trabajo
El juez federal subrogante de La Rioja, Jorge Chamía, ha autorizado la apertura de indagatorias para 1.060 personas en relación con el presunto cobro irregular del plan Potenciar Trabajo. La situación se torna delicada debido a la incompatibilidad de dicho beneficio con el empleo en la administración pública provincial que desempeñan estas personas.
La fiscal federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, quien recibió la delegación de la investigación, había solicitado estas indagatorias, las cuales aún no tienen fecha establecida. El Gobierno de Ricardo Quintela ha defendido la percepción del Potenciar Trabajo por parte de estas personas, argumentando que son becadas y que el plan complementa sus ingresos.
En respuesta a la investigación, el Gobierno provincial ha justificado que estas personas son becadas y que el Potenciar Trabajo complementa sus salarios. El Gobierno local es la autoridad de aplicación, ya que los planes son otorgados por la administración central.
La fiscalía, con el objetivo de avanzar en la investigación, ha solicitado al Gobierno provincial información sobre la antigüedad de contratación de estas 1.060 personas y el monto que perciben. También ha requerido al Ministerio de Capital Humano documentación que revele los criterios para la asignación de los planes sociales.
Fuentes judiciales indican que la investigación se centrará en determinar si existieron irregularidades, considerando la incompatibilidad entre el empleo en la administración pública y la percepción del plan. El Gobierno local argumenta que se trata de becas de trabajo y se analizará si estas están contempladas en las modificaciones del plan Potenciar Trabajo, que ha experimentado 25 cambios hasta la fecha.
Este pedido de indagatorias de Miguel Carmona se enmarca en una extensión de la investigación preliminar llevada a cabo desde el 8 de noviembre por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan. Se estima que el perjuicio para la administración pública asciende a 82.680.000 millones de pesos en el patrimonio nacional.
