Reacción judicial ante el desarme del proceso colectivo: aceleración de recursos contra el DNU 70/2023
En un giro judicial significativo, la decisión del juez del fuero contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, de desmantelar el proceso colectivo ha desencadenado una rápida proliferación de recursos judiciales contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que se destaca por su enfoque en la desregulación económica.
La mayoría de las presentaciones se concentran en el fuero contencioso administrativo federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con más de 40 recursos hasta el viernes, según datos del sistema judicial. Organizaciones como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) se suman a las voces que buscan impugnar el DNU. Además, otras entidades, como la Federación de Municipios (FAM) y la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, también han presentado sus recursos.
Aunque el Contencioso Administrativo federal ha sido el epicentro de estas acciones legales, los reclamos en temas como las prepagas han comenzado a surgir en el Fuero Civil y Comercial Federal, junto con presentaciones ante tribunales federales en diversas jurisdicciones. Un caso destacado involucra a un juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo de Avellaneda-Lanús, que recurrió a la justicia federal en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora para contrarrestar los efectos del DNU en su situación personal, vinculada al aumento en el costo de la prepaga.
La decisión de Lavié Pico de desarticular el proceso colectivo ha tenido repercusiones significativas. Este fallo desvió el curso que el Gobierno esperaba, donde todas las presentaciones contra el DNU convergirían en un solo proceso colectivo en el fuero contencioso administrativo. El magistrado argumentó que la diversidad de las áreas afectadas por el DNU requería un tratamiento independiente en diferentes ámbitos judiciales.
Las medidas cautelares dictadas en el ámbito laboral han generado tensiones adicionales, ya que la CGT y la CTA lograron suspender temporalmente la aplicación de ciertas disposiciones laborales. La estrategia del gobierno de acumular todas las presentaciones en un solo proceso colectivo se vio desafiada por estos fallos, alterando sus planes de consolidar un enfoque judicial unificado.
La respuesta gubernamental ante esta compleja situación implica la participación del procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto con sus respectivos equipos. Aunque se había anunciado inicialmente la intención de apelar el fallo laboral, la incertidumbre prevalece, dejando la palabra final en manos de la Corte Suprema de Justicia. La estrategia integral para abordar este desafío jurídico sigue en estudio, subrayando la importancia de elegir la mejor opción para alcanzar los objetivos planteados.
