Tribunal de Arbitraje Deportivo dictamina desfavorablemente para Independiente en caso Gaibor
Independiente, a pesar de haber anunciado recientemente la cancelación de varias deudas, enfrenta un nuevo revés económico. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha fallado a favor del futbolista Fernando Gaibor en un reclamo salarial, imponiendo al club la obligación de pagarle más de dos millones de dólares.
El TAS ha establecido que la entidad de Avellaneda debe desembolsar la suma de 2.379.000 dólares a Gaibor por la deuda salarial que ha reclamado, añadiendo un interés del 5% anual desde febrero de 2023. El desafío para Independiente radica en que el tribunal le ha otorgado un plazo de 45 días para saldar la totalidad de la deuda. En caso de incumplimiento, el club enfrentará una nueva inhibición.
Aunque esta posible inhibición no compromete la inscripción de nuevos refuerzos, la directiva del club tiene la intención de apelar el fallo en los próximos días. Buscarán evitar que el fallo se confirme y explorarán opciones para reducir el monto adeudado o acordar un plan de pagos a largo plazo con el jugador.
Es relevante destacar que Independiente anunció la regularización de su situación ante la FIFA, levantando la inhibición relacionada con una deuda con el Pescara de Italia. Sin embargo, en caso de no cumplir con el pago a Gaibor, el club podría enfrentar restricciones para contratar jugadores a partir del próximo mercado de pases.
El conflicto entre Gaibor e Independiente se originó en agosto de 2020, cuando el jugador ecuatoriano debía regresar al club después de que expirara su préstamo en el Al Wasl de Emiratos Árabes. La disputa surgió debido a la falta de garantías de un lugar en el equipo por parte del entonces entrenador Lucas Pusineri, lo que llevó a Gaibor a declararse en libertad por falta de pago.
El futbolista, quien llegó al Rojo en 2018 por solicitud expresa de Ariel Holan a cambio de 4.200.000 dólares, regresó a Ecuador tras cumplir su contrato con el Al Wasl y no se presentó a los entrenamientos en Villa Domínico. Ante las discrepancias sobre deudas salariales, el conflicto escaló hasta llegar a instancias judiciales.
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