Desafíos en la lucha contra la violencia de género bajo el nuevo gobierno
En medio de una profunda reestructuración gubernamental liderada por Javier Milei, el Ministerio de Capital Humano ha designado a Claudia Barcia, una fiscal especializada en violencia de género, como la nueva subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género. Este movimiento estratégico ha generado tanto sorpresa como inquietud dentro de los círculos dedicados a la defensa de los derechos de las mujeres.
La incertidumbre se cierne sobre las políticas públicas bajo esta nueva administración, especialmente considerando las posturas previas de negación hacia las desigualdades de género. A medida que los femicidios continúan sin tregua, el desafío de abordar la violencia de género se vuelve aún más urgente, especialmente en un contexto donde los sistemas sociales de contención se encuentran en pausa.
Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano, se encuentra ahora en el centro de la controversia, mientras las protestas por la falta de presupuesto para comedores y la creciente inseguridad alimentaria agitan los cimientos de la sociedad.
Para comprender mejor la situación y los desafíos que enfrentan las organizaciones dedicadas a combatir la violencia de género, me entrevisté con Alejandra Benaglia, coordinadora de comunicación de la asociación civil Casa del Encuentro.
La ausencia de un enfoque integral en las políticas gubernamentales preocupa a los defensores de los derechos de las mujeres. La falta de diálogo y colaboración por parte de las autoridades ha exacerbado la sensación de abandono y negligencia estatal.
En un país donde la violencia de género adopta diversas formas, incluida la violencia psicológica y económica, es fundamental que las políticas aborden todas las facetas de esta problemática. Sin embargo, las señales apuntan a un enfoque limitado, centrado únicamente en la violencia doméstica, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del gobierno para abordar las raíces profundas de la desigualdad de género.
Además de las políticas específicas contra la violencia de género, la crisis económica y social plantea un riesgo adicional para las mujeres y las disidencias. La pérdida de empleo por parte de los hombres, a menudo seguida de un aumento en la violencia doméstica, resalta la interconexión entre la violencia de género y la precariedad económica.
La incertidumbre también rodea a programas clave, como la línea 144 y el plan Acompañar, que han sido fundamentales para brindar apoyo a las víctimas de violencia de género. La suspensión de estos programas deja a miles de mujeres y disidencias en una situación aún más vulnerable, aumentando la urgencia de una respuesta gubernamental efectiva.
En este contexto de cambio político y crisis social, es fundamental que se mantenga el compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias. El futuro de la lucha contra la violencia de género en Argentina depende de la capacidad del gobierno para reconocer y abordar estas complejas realidades con seriedad y determinación.
