El Gobierno apura reforma judicial mediante decreto de urgencia

El gobierno ha tomado medidas decisivas para acelerar la implementación del Código Procesal Acusatorio, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado hoy en el Boletín Oficial. Esta medida busca agilizar la transición hacia un sistema de justicia oral y eficiente, otorgando a los fiscales un papel central en la investigación penal y reduciendo la intervención de los jueces a la garantía del debido proceso.

El DNU revoca la facultad de una Comisión Bicameral para establecer el cronograma de implementación del nuevo código, transfiriendo esta responsabilidad al Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona.

Según el gobierno, la implementación del nuevo sistema procesal se había estancado después de su introducción en algunas provincias como Salta y Jujuy en 2019. Esta situación ha generado una coexistencia disfuncional entre el nuevo y el antiguo sistema, lo que afecta negativamente el funcionamiento de la justicia federal.

El decreto argumenta que esta duplicidad legislativa conlleva a un trato desigual hacia los imputados y dificulta el desarrollo de las investigaciones, así como la resolución de recursos judiciales ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El Ministerio de Justicia ha anunciado que coordinará estrechamente con otras instituciones, como la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, para garantizar una transición efectiva hacia un único sistema procesal en todo el país. El objetivo es mejorar la eficiencia y la modernización del servicio de justicia, facilitando un proceso más rápido y efectivo para todos los ciudadanos.