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Extensión de beneficios para colegios privados: alivio fiscal ampliado

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El Gobierno ha decidido prorrogar una vez más la reducción de las contribuciones patronales para los colegios privados hasta el final de este año, según lo establecido en el Decreto 134/2024, publicado en el Boletín Oficial este jueves.

Este alivio impositivo, renovado anualmente, proporciona un sustancial respiro a las instituciones educativas de gestión privada. Este año, la incertidumbre sobre la continuidad de este beneficio se mantuvo debido a la demora en el anuncio, ocurrida en medio del cambio de Gobierno y la implementación de políticas de ajuste generalizadas.

La tranquilidad llegó recientemente con la habilitación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que los empleadores titulares de establecimientos de enseñanza privada accedan a la reducción presentando el formulario 931. La oficialización de la continuidad del beneficio se realizó este jueves a través del decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El Ejecutivo consideró “indispensable” extender el plazo establecido en el artículo 24 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541 hasta el 31 de diciembre de 2024, manteniendo así la exención del cargo establecida por dicha normativa y aplicando alícuotas diferenciadas en las contribuciones patronales de las escuelas de enseñanza privada.

La extensión de esta dispensa se justificó teniendo en cuenta que el componente salarial representa el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada. Autorizar el aumento de las contribuciones patronales habría generado un incremento desproporcionado en los costos para estas instituciones, particularmente en regiones alejadas de los centros urbanos principales.

El Gobierno también destacó que la mayoría de los establecimientos educativos privados reciben aportes estatales, financiados principalmente por las provincias. Un aumento en las contribuciones patronales afectaría significativamente los presupuestos provinciales, ya que estos aportes estatales cubren no solo los sueldos de los docentes, sino también las contribuciones patronales asociadas.

En aquellos casos en los que los institutos educativos no reciben o reciben solo parcialmente aportes estatales, el aumento en las contribuciones patronales resultaría en incrementos significativos en los aranceles pagados por las familias, afectando su economía.

El decreto también subrayó que el aumento en las contribuciones patronales a partir del 1° de enero de 2024 empeoraría aún más la precaria situación en la que se encuentran estas instituciones, impactando negativamente en la economía de muchas familias que dependen de ellas.

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