La imposición del lenguaje normativo en Argentina: un retroceso en derechos humanos
El reciente anuncio del gobierno argentino sobre la prohibición del uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública se suma a una serie de medidas preocupantes. Desde el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), hasta la resolución del ministro de Defensa que restringe estos mismos principios lingüísticos, evidencian un preocupante retroceso en materia de derechos humanos y reconocimiento de la diversidad.
Esta postura gubernamental, que busca respaldarse en la Real Academia Española (RAE) como única autoridad competente en el uso del idioma, no solo pasa por alto la pluralidad de expresiones lingüísticas en los países hispanohablantes, sino que también refleja una posición colonial sobre el uso del lenguaje.
Al negar la adopción del lenguaje inclusivo, el gobierno argentino no solo ignora el reconocimiento legal de identidades no binarias, establecido en la Ley de Identidad de Género, sino que también excluye a una parte de la ciudadanía de los servicios y bienes estatales. Esta exclusión no solo es discriminatoria, sino que además contraviene los principios fundamentales de los derechos humanos y la igualdad de trato.
Resulta alarmante que, en lugar de avanzar hacia una mayor inclusión y respeto a la diversidad, se estén tomando medidas que restringen el ejercicio pleno de la ciudadanía. Esta prohibición del uso del lenguaje inclusivo no solo constituye un retroceso en materia de derechos, sino que también refleja una clara violación de tratados internacionales que reconocen la identidad de género como un derecho humano fundamental.
Es imperativo que los poderes judiciales y las organizaciones de derechos humanos denuncien y actúen contra estas medidas que atentan contra la dignidad y la igualdad de las personas. El cierre del INADI, además, evidencia la falta de voluntad gubernamental para proteger y promover la diversidad y los derechos humanos de manera autónoma.
En última instancia, es crucial entender que la verdadera libertad no puede existir sin el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su género u orientación sexual. La batalla cultural impulsada por ciertos sectores políticos no debe ser excusa para vulnerar los derechos más básicos de la ciudadanía.
