Organizaciones denuncian penalmente a Bullrich y a Wolff por uso del nuevo gas pimienta en protestas

Hoy, un conjunto de organismos defensores de los derechos humanos se unieron para presentar una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su homólogo porteño, Waldo Wolff. La acusación se centra en la presunta utilización de una sustancia corrosiva por parte de las fuerzas de seguridad durante las recientes manifestaciones contra la denominada Ley Ómnibus.

La “Red Federal por la defensa de los DDHH y la democracia”, una coalición que abarca diversos grupos humanitarios, lideró la iniciativa. Además de la denuncia, solicitaron al tribunal competente la adopción de una medida cautelar que prohíba a las fuerzas de seguridad el uso de dicha sustancia química.

En su comunicado, los organismos destacaron la gravedad de la situación, calificándola como un caso de Violencia Institucional que requiere una investigación exhaustiva. Según argumentan, el arrojo de sustancias químicas altamente lesivas representa un riesgo significativo para la salud y la integridad de las personas.

La denuncia especifica el uso de un compuesto químico altamente tóxico e irritante, descrito como un posible instrumento de tortura. Conocido coloquialmente como “nuevo gas pimienta”, este producto se ha utilizado, según la denuncia, de manera indiscriminada contra manifestantes pacíficos y quienes ejercen su derecho legítimo a expresarse ante las autoridades.

La solicitud de medida cautelar busca proteger la salud pública y la integridad física de los involucrados mientras se investiga la denuncia y se determina la gravedad de los efectos de este compuesto químico. La denuncia ha sido presentada ante el juzgado de instrucción número 14, bajo la supervisión interina del juez Carlos Bruniard.

Los efectos de esta sustancia química, según detalla la denuncia, pueden causar lesiones graves en diferentes partes del cuerpo, incluyendo problemas respiratorios, irritación cutánea y daños oculares. Los firmantes de la denuncia incluyen a organizaciones destacadas como la CTA Autónoma, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), el CODESEDH, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, la APDH, el SERPAJ y la ATE.