Patricia Bullrich señala a movimientos sociales y sindicatos por acusaciones de “extorsión, coerción y abusos sexuales”

En una declaración contundente, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, arremetió contra los movimientos sociales y sindicatos, acusándolos de abusar de su posición de poder para dominar y explotar a la población. En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, acompañada por destacados funcionarios, Bullrich expuso la necesidad urgente de cambiar el statu quo, describiendo una red de corrupción que opera en la provincia de Chaco, donde los planes sociales son utilizados como herramienta de control y explotación.
Las denuncias van desde extorsión hasta abusos sexuales, según afirmó la funcionaria, quien detalló el modus operandi de una red de trata liderada por un prominente dirigente piquetero. Este individuo, ahora detenido, presuntamente administraba las asistencias estatales a cambio de favores sexuales y manipulaba a las víctimas para su propio beneficio.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Bullrich anunció planes para erradicar por completo estas prácticas, prometiendo un cambio radical en la gestión de los programas sociales y el establecimiento de medidas más estrictas para prevenir el fraude y la explotación.
Además, se señaló al exgobernador Jorge Capitanich por presuntas complicidades con la red de trata durante su mandato, destacando una preocupante connivencia entre la corrupción política y la explotación de personas vulnerables.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, agregó que están trabajando en una legislación más robusta para combatir estos delitos, proponiendo nuevas figuras delictivas y aumentando las penas para los responsables.
Por su parte, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se comprometió a emprender una lucha sin tregua contra la corrupción, denunciando el desvío de fondos destinados a los más necesitados hacia los dirigentes sociales.
En resumen, esta conferencia marcó un punto de inflexión en la lucha contra la explotación y la corrupción en Argentina, con un firme compromiso por parte del gobierno de desmantelar estas redes de poder que se alimentan de la vulnerabilidad de los ciudadanos.
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