Toma de control y reforma integral: medios públicos bajo intervención
En una movida audaz, el gobierno encabezado por Javier Milei ha anunciado la toma de control de los medios públicos, según lo indicado en el Boletín Oficial. Esta medida, dictada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, delega el manejo de estas entidades a la Jefatura de Gabinete de Ministros, marcando un paso firme hacia la posible privatización, alineándose con las promesas de campaña del gobierno y respaldado por la autorización contemplada en la Ley Omnibus actualmente en discusión en el Congreso de la Nación.
Diego Martín Chaher ha sido designado como interventor principal, con Diego Sebastián Marías como su adjunto, ambos bajo la dirección de Nicolás Posse. Chaher, con una trayectoria como administrador del Grupo América, y Marías, con experiencia como exlegislador porteño de Pro y miembro del Consejo de la Magistratura, son abogados que traen consigo un enfoque orientado hacia la gestión administrativa de los medios.
Las metas delineadas para esta intervención son amplias y ambiciosas. Se busca reformular y readecuar las estructuras de estas sociedades, evaluar y posiblemente modificar su personal y estatutos, ajustar la administración de fondos, y realizar una auditoría exhaustiva sobre el estado de las instalaciones. Además, se espera que la intervención se encargue de presentar una rendición de cuentas, designar nuevos funcionarios y personal, y garantizar la sustentabilidad a largo plazo de estas empresas.
Aunque el gobierno ha señalado la necesidad de hacer más eficientes y racionales estos medios, algunos observadores expresan preocupación sobre posibles intentos de reducción o achicamiento. “Los dos son abogados que conocen más de la administración de un medio que de programación. La sensación que da es que vienen a tratar de achicarlo, a hacerlo más racional”, comentaron fuentes de RTA.
En última instancia, la intervención de los medios públicos plantea un escenario de cambio radical en la esfera de los medios de comunicación del país, con repercusiones que seguramente serán objeto de un intenso debate en los próximos meses.
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