Desmantelamiento de organismos estatales: 900 despidos y cierre de agencias en Argentina
El Gobierno argentino ha anunciado la decisión de desmantelar dos importantes organismos estatales, lo que conllevará la pérdida de empleo para alrededor de 900 trabajadores. La noticia fue dada a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien informó que los organismos afectados son el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
Según Adorni, esta medida se basa en una revisión de datos alarmantes que revelaron una gestión ineficiente y gastos exorbitantes en ambos organismos, que contaban con una plantilla de 964 empleados, reduciéndose ahora a tan solo 64 personas bajo una nueva dirección. “Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, destacó el vocero.
El funcionario criticó duramente el derroche de recursos públicos, señalando la existencia de 160 delegaciones, dos sedes y un alto número de empleados dedicados a funciones administrativas. Además, reveló que el 85% del presupuesto se destinaba al pago de salarios, evidenciando una grave ineficiencia en la gestión de los recursos.
Adorni también denunció que se transferían fondos de manera discrecional y se involucraban organizaciones sociales y municipios, sin recibir reclamos de productores o trabajadores del campo sobre la eficacia de dichos organismos.
Esta medida se suma a la intención del Gobierno de cerrar otras entidades, como la agencia de noticias Télam y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), así como a los recortes en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Cabe destacar que el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue creado durante la administración de Alberto Fernández a finales de 2022, bajo la dirección de Miguel Gómez, del Movimiento Evita.
Este anuncio coincide con la denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano contra el ex secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, por el presunto desvío de fondos a cooperativas en las que estaba involucrado mientras ocupaba un cargo público. La denuncia incluye acusaciones de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La decisión del Gobierno argentino de desmantelar estos organismos y perseguir casos de corrupción refleja su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, aunque ha generado preocupación por el impacto social y laboral que pueda tener en los afectados por los despidos.
