Impulsan investigación masiva contra las cooperativas falsas vinculadas al Ministerio de Tolosa Paz
El gobierno liderado por Javier Milei está tomando medidas drásticas para abordar un presunto caso de corrupción que involucra a cooperativas fantasmas supuestamente vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social bajo la gestión de Victoria Tolosa Paz. La situación ha provocado una gran preocupación en la opinión pública, especialmente después del fracaso del caso del Plan Qunita durante el gobierno anterior.
El Plan Qunita, una denuncia realizada durante el gobierno anterior, resultó en sobreseimientos debido a una investigación centrada únicamente en la entrega física de los productos, sin abordar adecuadamente cuestiones de lavado de dinero y evasión fiscal. En un intento por evitar un resultado similar, el gobierno actual está examinando detenidamente unas 40 cooperativas, incluida la prominente 15 de Junio, en relación con un escándalo reciente que involucra la producción de guardapolvos.
Recientemente, el gobierno tomó la decisión de suspender temporalmente más de 12,000 cooperativas creadas durante la administración anterior. Se sospecha que muchas de estas cooperativas podrían haber estado involucradas en actividades fraudulentas.
La clave para desentrañar este entramado de corrupción reside en la colaboración entre el gobierno y el sistema judicial. Se espera que se investiguen a fondo los cheques emitidos por estas cooperativas y sus ingresos declarados. Se están solicitando datos a la AFIP y al Banco Central para detectar posibles facturas falsas y movimientos financieros sospechosos.
El caso que ha desencadenado la acción del gobierno implica a una cooperativa sin experiencia previa que fue contratada para producir una cantidad masiva de guardapolvos. Sin embargo, las cifras de facturación y la cantidad real de productos entregados no coinciden, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad de estas transacciones.
La investigación también ha revelado conexiones entre las cooperativas en cuestión y figuras políticas locales y nacionales. Se han detectado subcontrataciones sospechosas y posibles vínculos con movimientos sociales.
El gobierno está decidido a evitar que este caso termine como el Plan Qunita y asegurarse de que se haga justicia. Se espera que la investigación sea exhaustiva y que se identifiquen y procesen a todos los responsables de esta presunta red de corrupción, sin importar su posición política o social.
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