Toma de medidas cautelares tras incidente en planta de Atanor
En la madrugada de este miércoles, el estruendo de una explosión resonó en toda la ciudad de San Nicolás, sacudiendo la tranquilidad de sus habitantes. El origen del caos se encontraba en la planta industrial de la empresa ATANOR, conocida por su dedicación a la producción de agroquímicos. Un reactor defectuoso desencadenó un incendio que dejó a un trabajador herido y sumió a la población en la incertidumbre respecto a la contaminación ambiental que podría seguir.
Según el comunicado oficial de la empresa, el incidente fue resultado de un aumento repentino de presión en el proceso de síntesis química de atrazina, provocando la ruptura del reactor y desencadenando el fuego en el área de aminación de la planta. Afortunadamente, la rápida intervención de los bomberos logró controlar la situación antes de que se convirtiera en una catástrofe mayor.
Sin embargo, este no es el primer incidente relacionado con la planta de ATANOR. La empresa había sido condenada previamente a realizar mejoras ambientales en sus instalaciones, pero hasta la fecha no había cumplido con las órdenes judiciales. Ante esta situación y en vista del peligro que representa para la población y el medio ambiente, la Dra. Luciana Beatriz Díaz Bancalari, titular del Juzgado en lo Correccional N° 3 de San Nicolás, ha dictado una medida cautelar que ordena el cese inmediato de todas las operaciones en la planta de ATANOR, así como la prohibición absoluta de retirar cualquier residuo o material de la misma.
Esta medida cautelar busca garantizar la seguridad y la salud de la comunidad, en concordancia con los principios de prevención y precaución establecidos en la legislación ambiental vigente. Asimismo, se ha instruido a las autoridades pertinentes para que supervisen el cumplimiento de esta orden, con la amenaza de fuertes sanciones económicas en caso de incumplimiento por parte de la empresa.
La explosión en la planta de ATANOR ha dejado en evidencia la necesidad urgente de tomar medidas drásticas para proteger tanto el medio ambiente como la vida de las personas que residen en las cercanías de estas instalaciones industriales. La seguridad y el bienestar de la comunidad deben prevalecer por encima de cualquier consideración económica o empresarial.
