Tribunal ordena a la Provincia de Buenos Aires pagar $500 millones por Masacre de Ramallo

En el fatídico episodio conocido como la “Masacre de Ramallo“, ocurrido entre el 16 y 17 de septiembre de 1999, la sucursal del Banco Nación en Villa Ramallo se convirtió en escenario de un asalto fallido que desencadenó un violento tiroteo, cobrándose la vida de dos rehenes y dos asaltantes a manos de la Policía bonaerense. Casi un cuarto de siglo después, la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo histórico, condenando a la Provincia de Buenos Aires a pagar más de 500 millones de pesos en indemnizaciones.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Flora Lacave, la única sobreviviente entre los rehenes. Lacave, viuda del gerente del Banco Nación de Ramallo, Carlos Chaves, presenció horrorizada cómo su esposo y el contador Carlos Santillán perdieron la vida durante el intento de fuga de los delincuentes. En un intento desesperado por escapar, el vehículo en el que viajaban, propiedad de Chaves, recibió 48 impactos de bala, dejando un saldo trágico y una profunda herida en el corazón de Lacave y sus cuatro hijos.

La decisión de la Corte Suprema de hacer lugar a la demanda presentada por Flora Lacave y sus hijos implica una compensación económica que asciende a más de 407 millones de pesos, además de los intereses acumulados desde el año 2005. Es un acto de justicia que busca reparar en parte el inmenso dolor y sufrimiento causado por aquel evento traumático.

En otra vertiente de este drama, la viuda de Carlos Santillán, Liliana María Perret, junto con sus hijos, también ha recibido el respaldo judicial en su búsqueda de justicia. La provincia de Buenos Aires y dos de los tres agentes responsables de disparar contra Santillán han sido condenados a pagar una indemnización que supera los 167 millones de pesos, sumados a los intereses correspondientes.

Este fallo no solo representa un acto de reparación material para las víctimas y sus familias, sino que también envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de sus ciudadanos y en asumir las consecuencias de sus acciones. La Masacre de Ramallo seguirá siendo una cicatriz dolorosa en la historia de Argentina, pero este fallo judicial marca un paso crucial hacia la justicia y la rendición de cuentas.