Acoso laboral y sexual en Argentina: mujeres en riesgo y la urgencia del cambio
Según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los espacios de trabajo seguros para las mujeres en Argentina se están convirtiendo en una quimera. Alarmantemente, revela que 8 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de acoso laboral y/o sexual en su entorno laboral. Este dato, lejos de ser simplemente una estadística, nos obliga a confrontar una realidad escalofriante: ¿qué está sucediendo en los ámbitos de trabajo no seguros?
Los números hablan por sí mismos: las mujeres tienen más del doble de probabilidades de ser víctimas de violencia y acoso sexual en comparación con sus colegas masculinos. Este dato, además, está respaldado por un estudio realizado por Bumeran, GROW Género, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), NODOS y Fundación AVON, que revela que el 81% de las trabajadoras argentinas han experimentado algún tipo de acoso en su lugar de trabajo.
Este panorama sombrío se ve agravado por la persistencia de la brecha de género en América Latina y el Caribe, donde la inequidad no solo se manifiesta en los salarios, sino también en la violencia ejercida dentro de las organizaciones. Los perpetradores son predominantemente hombres en roles de autoridad: jefes directos, líderes y clientes. Sus acciones van desde comentarios sexistas y chistes machistas hasta solicitudes de favores sexuales a cambio de beneficios laborales, y el hostigamiento a mujeres que se niegan a participar en intercambios sexuales.
En este contexto, la cultura del “speak-up” emerge como una herramienta crucial para transformar el clima laboral. Esta cultura promueve un espacio donde las personas se sienten seguras para expresarse y denunciar prácticas abusivas o ilegales. Rocío Robledo, Gerente General de WeWork en Argentina, enfatiza la importancia de esta cultura para garantizar la seguridad de todas las colaboradoras y miembros de la organización.
Sin embargo, las cifras muestran que el miedo al riesgo laboral y la falta de confianza en el sistema obstaculizan la denuncia de casos de violencia. Muchas mujeres optan por no actuar, temiendo represalias, la pérdida de su empleo o la falta de apoyo. Aquellas que se atreven a denunciar a menudo se enfrentan a consecuencias negativas, como aislamiento, amenazas o incluso el despido.
Estos datos alarmantes se ven exacerbados por un contexto político que no prioriza la defensa de los derechos de las mujeres. En un momento en que el gobierno cierra espacios de protección y el presidente cuestiona la realidad de las mujeres en el ámbito laboral, la urgencia de abordar el acoso laboral y sexual se vuelve aún más evidente.
Es hora de que las organizaciones y la sociedad en su conjunto tomen medidas concretas para crear entornos laborales seguros y equitativos para todas las personas. El cambio no puede esperar.
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