El Gobierno impulsa competencia en el pago del transporte: SUBE vs. Tarjetas
El Gobierno está a punto de tomar una decisión trascendental que cambiará la forma en que millones de personas pagan por su transporte público en Argentina. En una serie de movimientos coordinados entre la secretaría de Comercio, la secretaría de Transporte y el Banco Central, se está gestando un decreto que pondrá fin a la exclusividad de Nación Servicios y el sistema SUBE en el control de los pagos de boletos de transporte público en todo el país. Esta medida, que ya tiene la aprobación política, allana el camino para que los usuarios puedan utilizar cualquier tarjeta de débito o crédito para pagar sus viajes en colectivos, subtes o trenes.
El decreto en proceso derogará disposiciones anteriores, incluyendo el controvertido decreto 84/2009 que confirió a Nación Servicios el monopolio sobre el Sistema Único de Boleto Electrónico. Esta medida, que en su momento se presentó como una solución a la “crisis de las monedas”, pronto será sustituida por una estructura más moderna y abierta.
La reforma tiene como objetivo complementar y actualizar el sistema SUBE, que ha mostrado signos de obsolescencia tecnológica y ha generado largas filas en las estaciones. Una vez levantada la exclusividad de Nación Servicios, se espera que el Banco Central asuma un papel más activo en la regulación de los medios de pago.
El nuevo esquema permitirá que múltiples empresas de transporte y proveedores tecnológicos participen en la provisión de lectores de tarjetas y el procesamiento de pagos. El Gobierno no intervendrá en la relación entre privados, dejando que las empresas financieras y los transportistas negocien acuerdos. Además, se espera que la masificación del uso de tarjetas de débito y crédito contactless transforme los hábitos de pago de la población, ofreciendo una alternativa más rápida y conveniente que los pagos con código QR.
Sin embargo, esta transición plantea interrogantes sobre el futuro de Nación Servicios. Especulaciones sugieren que podría reorientarse hacia servicios financieros fuera del ámbito del transporte público, o incluso enfrentar procesos de privatización parcial o total. La sobredimensión de personal y los cambios en su estructura laboral también son temas de debate en torno a la viabilidad futura de la entidad.
