Preparativos del Gobierno ante la marcha universitaria
El Gobierno nacional se encuentra ultimando los detalles para activar el protocolo de seguridad que regirá durante la Marcha Universitaria, programada para las 16 horas y convocada por estudiantes y docentes en reclamo de un mayor presupuesto educativo.
La protesta, que ha recibido el respaldo de legisladores, sindicalistas y dirigentes de la oposición, se desarrollará desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Por lo tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación coordinará con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires el operativo de seguridad.
Conscientes de la magnitud de la convocatoria, desde Casa Rosada aseguran que se aplicará un “criterio de razonabilidad” al protocolo, aunque se advierte que las fuerzas policiales estarán preparadas para intervenir ante posibles situaciones de disturbios o provocaciones.
La Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria estarán a cargo del monitoreo de la zona de movilización, en coordinación con la Policía de la Ciudad.
Desde tempranas horas, Casa Militar ha ordenado reforzar la seguridad en el perímetro de la Casa de Gobierno, desplegando un centenar de agentes policiales en el interior y las calles adyacentes. Aunque aún no se ha confirmado la presencia de la ministra de Seguridad en el Comando Unificado, sí estará presente su secretario de seguridad, Vicente Ventura Barreiro.
En cuanto al motivo de la protesta, las autoridades educativas y los estudiantes expresan su preocupación por el ajuste presupuestario en las universidades, temiendo por la integridad del sistema público de educación superior.
Según fuentes cercanas al presidente Javier Milei, la presencia de destacados referentes políticos de la oposición en la marcha, como Sergio Massa, Axel Kicillof y los triunviros de la CGT, podría beneficiar al gobierno. No obstante, se plantea que la participación de políticos brinda argumentos para deslegitimar la protesta.
Por otra parte, la administración libertaria persistirá en su objetivo de auditar las finanzas de todas las universidades públicas para garantizar la transparencia en el uso de los fondos.
Se reconoce la necesidad de un debate a futuro sobre la educación, pero no hay reformas previstas a corto plazo. Según una fuente gubernamental, las universidades están considerando alternativas, como la contribución voluntaria de egresados y ex alumnos para formar un fondo de financiamiento, aunque no hay planes concretos para implementarlo en el corto plazo.
