Crecimiento preocupante: las villas se quintuplicaron en dos décadas y la pobreza sigue en aumento
El último informe publicado por Unicef, en línea con los reportes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, revela una realidad alarmante en Argentina. Dos de cada tres personas viven en situación de pobreza por ingresos o están privadas de derechos básicos como educación, protección social, vivienda adecuada, acceso al agua potable y a un hábitat seguro.
Estas cifras son impactantes, pero se vuelven aún más desgarradoras cuando nos centramos en los niños, niñas y adolescentes del país. Siete de cada diez de ellos se encuentran bajo la línea de pobreza.
Los datos son evidentes: se han erigido 6.467 barrios populares, villas y asentamientos en todo el territorio argentino, que ocupan una superficie tres veces mayor que la Ciudad de Buenos Aires y albergan al 12% de la población, unas 5 millones de personas.
Según el último relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), realizado con la colaboración de la ONG Techo Argentina y otras organizaciones de la sociedad civil, un tercio de estos asentamientos se encuentra en la provincia de Buenos Aires, alcanzando un total de 2065.
La formación de estos barrios populares se dio mayoritariamente a través de lo que se conoce como ‘ocupación de tipo hormiga’: familias o grupos de familias se asientan en terrenos abandonados, convocando a otros a sumarse. Sin embargo, solo se les presta atención cuando ocurren eventos excepcionales, como actos delictivos o situaciones de violencia.
El prejuicio hacia los habitantes de estos barrios ha sido desmentido por diversos estudios, como el realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana. Este estudio revela que la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales contribuye al reclutamiento de jóvenes en actividades ilegales, como el tráfico de drogas, generando un ciclo de violencia y exclusión.
El comercio de drogas es un problema grave en los barrios populares, donde uno de cada cuatro hogares identifica la venta o tráfico de drogas en su entorno. Esta situación se ve agravada por la ausencia del Estado y la falta de vigilancia policial, lo que contribuye al aumento de la violencia y el reclutamiento de jóvenes vulnerables.
Para abordar esta problemática, se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que busca promover la inclusión social y urbana de quienes viven en estas áreas. Sin embargo, el reciente cese del fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU) por parte del gobierno ha generado incertidumbre sobre el futuro de las políticas de integración sociourbana.
Las organizaciones sociales han expresado su preocupación por la discontinuidad de estas políticas, señalando que solo empeorará la situación de vulnerabilidad de una gran parte de la población. La realidad es que aún queda mucho por hacer para abordar las profundas desigualdades que afectan a los barrios populares de Argentina.
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