Argentina lidera en la región los avances hacia la erradicación del trabajo infantil
En el marco del mes internacional para la erradicación del trabajo infantil, se evalúan los progresos en la región hacia la meta de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que busca eliminar el trabajo infantil para 2025. Países como Bolivia, Guyana y Nicaragua han mostrado poco avance, manteniendo altas tasas de trabajo infantil en actividades domésticas y económicas para niños y adolescentes de 5 a 17 años.
Por otro lado, Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala han sido reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por sus esfuerzos significativos en esta área. Sin embargo, informes como el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) aún señalan la presencia de 1,3 millones de niños trabajando en el país durante el segundo semestre de 2022, especialmente en el sector agropecuario.
Los niños involucrados en estas actividades se enfrentan a tareas peligrosas y a la privación de su derecho a la educación. Las labores domésticas, remuneradas o no, están estrechamente relacionadas con el abandono escolar, con un 40% de los niños trabajadores mostrando déficit educativo en los últimos seis años.
En Argentina, aunque el Código Penal incluye desde 2013 el artículo 148 bis que penaliza el trabajo infantil con penas de uno a cuatro años de prisión, la cantidad de causas judiciales iniciadas es mínima. Entre 2022 y 2023, solo se abrieron 18 casos, lo que refleja una desconexión entre las denuncias y las intervenciones judiciales, exacerbada por la pobreza de las familias afectadas que también dependen del trabajo infantil.
El tema ganó visibilidad mediática recientemente, especialmente con la controversia generada por las declaraciones del diputado Alberto Benegas Lynch, que fueron repudiadas por las autoridades de la provincia de Buenos Aires por contravenir la Ley de Educación Nacional 26.206, que garantiza la obligatoriedad de la educación.
Contexto regional
La OIT define el trabajo infantil como “todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. En América Latina y el Caribe, 8,2 millones de niños y adolescentes están afectados por esta problemática, según datos de la OIT y UNICEF, con una mayoría de adolescentes varones y un 33% de niñas. Más del 50% de estos niños realizan trabajos peligrosos que afectan su salud, educación y bienestar.
La pandemia de COVID-19 frenó los esfuerzos regionales para cumplir con la meta de eliminar el trabajo infantil hacia 2025. Sin embargo, algunos países han implementado medidas significativas. Por ejemplo, la Alcaldía de Medellín en Colombia reportó el rescate de 103 niños y niñas de las calles y del trabajo infantil en el último año.
A pesar de una reducción del 50% en la tasa de trabajo infantil en América Latina entre 1998 y 2020, la pobreza estructural sigue siendo una barrera importante. La informalidad laboral, los salarios bajos y la falta de vivienda accesible contribuyen a la vulnerabilidad social y al trabajo infantil.
Testimonios y reflexiones
Rafael Narbona, un reconocido crítico literario y periodista cultural de España, evocó en un tuit a los niños explotados descritos por Charles Dickens, comparándolos con la realidad actual de jóvenes como Nano, un joven de 22 años que trabaja 15 horas al día para mantener a su familia. Narbona critica la romantización de tales historias de sacrificio y subraya que las luchas históricas por condiciones laborales justas y el Estado del Bienestar han sido socavadas por políticas neoliberales recientes.
En conclusión, para erradicar el trabajo infantil en la región, es crucial un compromiso integral de la sociedad y de la comunidad internacional. Solo así se podrá alcanzar la meta de la Agenda 2030 y asegurar que ningún niño o niña vea su niñez truncada por el trabajo.
