Investigación judicial sobre compra de alimentos
En una pesquisa dirigida por el juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, se ha puesto bajo la lupa la adquisición por parte del Ministerio de Capital Humano de 3,3 mil toneladas de alimentos valuados en casi 4 mil millones de pesos, realizada a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Este hecho arroja luz sobre una red de acuerdos turbios que incluyen contratos cuestionables y una distribución opaca de recursos destinados a los sectores más necesitados.
El trasfondo de esta indagación se remonta al escándalo desatado en la gestión anterior, donde la cartera de Sandra Pettovello se vio implicada en acuerdos millonarios con la misma ONG internacional. Dichos contratos, firmados por el ex secretario de Niñez, Familia y Adolescencia, Pablo de la Torre, apuntaban a beneficiar a comedores y merenderos pero se sospecha que fueron utilizados para otros fines, incluyendo posibles actos de corrupción.
La investigación también ha revelado prácticas dudosas en la distribución de alimentos, como la tercerización a través de la OEI, que ha levantado sospechas sobre la transparencia y la efectividad en la entrega de recursos a los sectores vulnerables de la sociedad. Auditorías internas han descubierto la existencia de “comedores fantasmas” y un bajo rendimiento en la rendición de cuentas por parte de las organizaciones sociales involucradas en la distribución.
Además, se han señalado irregularidades en los procesos de licitación y compra de alimentos, incluyendo sobreprecios significativos y falta de trazabilidad en la cadena de suministro. Estas prácticas han generado una profunda desconfianza en la gestión de los recursos destinados a combatir la pobreza y la inseguridad alimentaria.
La denuncia presentada por el abogado Juan Grabois ha puesto de relieve la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar si los recursos fueron utilizados adecuadamente y si hubo malversación de fondos por parte de funcionarios públicos. La justicia deberá esclarecer si los alimentos adquiridos fueron destinados realmente a los sectores más necesitados o si se utilizaron con otros fines, como sostiene la defensa gubernamental.
En medio de estas revelaciones, la salida del ex secretario de Salud de San Miguel ha abierto un nuevo capítulo en este escándalo, con acusaciones cruzadas entre funcionarios y dirigentes políticos. Sin embargo, lo más importante es asegurar la transparencia y la integridad en el uso de los recursos públicos destinados a combatir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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