Problemas de suministro de GNC y el estado del gasoducto Néstor Kirchner
Esta semana, la escasez de GNC en las estaciones de servicio y los cortes de suministro de gas a las industrias han evidenciado problemas que el sector energético había venido advirtiendo: la urgente necesidad de completar las obras pendientes del Gasoducto Néstor Kirchner.
La falta de finalización de estas obras obligará al Gobierno a gastar aproximadamente 500 millones de dólares este invierno para importar gas licuado en buques y satisfacer la demanda crítica de hogares, escuelas y hospitales.
Especialistas señalan que actualmente el gasoducto puede transportar 11 millones de metros cúbicos de gas por día. Una vez finalizadas las obras, su capacidad se duplicará.
Las obras esenciales incluyen dos plantas compresoras. La primera es la planta de Tratayén en Vaca Muerta, Neuquén, cuya construcción está a cargo de Sacde y que ya tiene un avance del 90%. Los expertos consideran un error del gobierno no haber concluido esta obra de inmediato. Se espera que la parte mecánica esté terminada para finales de junio. Esta planta permitirá la circulación del gas de Transportadora Gas del Sur (TGS).
La segunda planta compresora, ubicada en Salliqueló, está más atrasada en su construcción. Fuentes del sistema energético indican que la firma BTU ya ha instalado la Estación de Medición, pero su puesta en marcha está prevista recién para septiembre, cuando la mayor demanda de gas haya pasado.
La planta de Salliqueló está siendo construida por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Esuco-Contreras Hermanos.
El secretario de Energía, Eduardo Chirillo, afirmó que el gobierno ha regularizado pagos por más de 30.000 millones de pesos y ha destinado otros 47.000 millones a la fase de finalización de estas obras. Chirillo también culpó al “retraso heredado” del gobierno anterior por la demora en terminar las obras.
“El Gobierno no tiene deudas con los contratistas del GPNK ni con los de la Reversión del Gasoducto Norte. Los pagos están al día”, aseguró Chirillo.
En un contexto de críticas de la oposición por la política energética del gobierno, fuentes del sector atribuyen la demora en finalizar las obras al ajuste fiscal implementado al inicio del gobierno de Javier Milei. El propio presidente admitió que se “sobreactuó” en el cumplimiento de metas fiscales ante el “descalabro” recibido del gobierno de Alberto Fernández.
En el sector energético se sostiene que Enarsa dejó de pagar a las constructoras responsables de las obras en los primeros meses del año. A pesar de que el secretario de Energía asegura que los pagos están al día, fuentes del sector sostienen que aún existe una deuda de unos 40 millones de dólares con las constructoras de las dos plantas.
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