Burford Capital solicita ampliar búsqueda de información para embargar activos argentinos en el juicio por la expropiación de YPF
En el contexto del juicio por la estatización de YPF, Burford Capital solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York ampliar la búsqueda de información para embargar activos argentinos y hacer cumplir el fallo que obliga a Argentina a pagar US$ 16.000 millones. La petición incluye el acceso a correos electrónicos y chats de 26 funcionarios clave.
Sebastián Maril, de Latam Advisors, reveló que el listado de funcionarios fue dado a conocer, mencionando: “Están solicitando que se realice una búsqueda en los correos electrónicos utilizando palabras clave. Hoy, los beneficiarios solicitaron postergar la decisión final. La Corte deberá ahora decidir en las dos audiencias programadas para el próximo martes sobre YPF y el Banco Nación. La disputa entre Argentina y los beneficiarios del fallo ha escalado”, señaló.
Entre los funcionarios mencionados se encuentran el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor presidencial Santiago Caputo, y el exministro de Hacienda y excandidato presidencial, Sergio Massa.
La semana pasada, las partes ya habían acordado la apertura de las comunicaciones de 12 funcionarios de segunda línea de los gobiernos de Javier Milei y Alberto Fernández. Sin embargo, los beneficiarios del fallo solicitaron a la jueza Loretta Preska que se incluyan 14 nombres adicionales, lo que ha aumentado la tensión con los fondos que buscan acelerar el cobro por la expropiación de YPF en 2012.
La medida solicitada forma parte del “discovery” autorizado en febrero, que busca obtener información desde 2020 hasta la fecha para demostrar que entidades públicas como el Banco Central y el Banco Nación operan bajo el mismo control que YPF, una sociedad anónima que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.
El objetivo es acceder a activos argentinos, como el oro trasladado por Caputo al exterior. Según la presentación, Argentina ha rechazado recopilar y producir documentos relevantes que no están almacenados en cuentas de correo electrónico oficiales, incluyendo comunicaciones transmitidas a través de correos electrónicos personales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Slack o Gmail.
Los demandantes argumentan que “el descubrimiento de méritos demostró que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a través de cuentas de correo electrónico no gubernamentales en sus funciones oficiales”. A pesar de que el Gobierno ofreció revisar únicamente las comunicaciones externas de funcionarios con empleados de YPF o del BCRA, los reclamantes consideran que esto “no es suficiente”.
Los demandantes sostienen que las discusiones internas sobre YPF y el BCRA son “fundamentales” para establecer el control del gobierno sobre estas entidades.
Burford Capital adquirió en España el derecho a litigar contra YPF, después de que dos empresas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, con acciones en la petrolera, quebraran y renunciaran a demandar al Estado por la expropiación.
Entre los funcionarios argentinos mencionados también figuran la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beliansky, el exsecretario general de la Presidencia Julio Vitobello, el exministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein, el exsecretario de Industria José Ignacio de Mendiguren, el extitular de Aduanas Guillermo Michel, el exsecretario legal de Economía Ricardo Casal, su antecesora Rita Haydee Tanuz, y el exsecretario de Comercio Matías Tombolini.
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