Controversia en LLA: Diputada filtra proyectos para liberar genocidas
Lourdes Arrieta, diputada de La Libertad Avanza, reveló documentos comprometedores que muestran la intención de sus colegas de bancada de liberar a represores condenados por delitos de lesa humanidad. La filtración incluye proyectos de ley y un decreto presidencial que estaban en desarrollo para facilitar la liberación de estos ex militares.
Arrieta divulgó en su cuenta de X una serie de chats internos que detallan la planificación de visitas a ex militares encarcelados en el Penal de Ezeiza. En una declaración el domingo, Arrieta comentó: “He decidido hacer públicos los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario propuestos por los miembros del grupo de WhatsApp (diputados de LLA) para forzar a los jueces a liberar a los genocidas”.
👉🏻 Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de whatsapp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas.
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024
El Proyecto de Ley “Plazo Razonable”
Entre los documentos filtrados se encuentra el proyecto de ley conocido como “Plazo Razonable”, que pretende liberar a los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de 1976, si han estado detenidos por más de 20 años desde la comisión del delito. El texto propuesto modifica el artículo 59 del Código Penal Argentino, estableciendo un límite de 20 años para que se dicte una sentencia firme.
El borrador argumenta que este plazo supera tanto los tiempos establecidos por la jurisprudencia nacional e internacional como los plazos procesales vigentes, y busca aliviar la carga de los tribunales.
Detalles del Decreto Presidencial
Además del proyecto de ley, Arrieta publicó un decreto diseñado para ser aprobado por el presidente Javier Milei. Este decreto propone liberar a ex militares que hayan estado detenidos por 25 años desde la comisión del delito. El primer artículo establece que el plazo máximo de duración de un proceso penal es de 25 años, aplicable a delitos de lesa humanidad sin sentencia firme.
El decreto también menciona que el plazo comenzaría a contarse desde la comisión del delito o desde la mayoría de edad si la víctima era menor. Además, se suspendería en caso de interrupción de la vida democrática.
Arrieta aclaró que estos proyectos no forman parte de la agenda del presidente Milei y afirmó que “no voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”.
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