Auditoría revela un desfalco de US$ 2000 millones anuales en el negocio de la discapacidad
La Agencia Nacional de Discapacidad –ANDIS-, bajo la dirección de Diego Spagnuolo, llevó a cabo una exhaustiva auditoría interna sobre las pensiones por invalidez laboral. Esta investigación plantea una pregunta inquietante: ¿Quién estaba al mando de la quinta caja más importante del gobierno de Alberto Fernández?
En agosto de este año, el gobierno nacional, a través de ANDIS, revisó las pensiones por invalidez laboral en varias provincias, incluyendo Capital Federal, Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Salta. Los hallazgos fueron alarmantes, evidenciando irregularidades significativas en la entrega de estas pensiones.
Según un informe al que tuvo acceso NA, “los primeros resultados de las auditorías de pensiones por invalidez laboral están revelando inconsistencias alarmantes en el otorgamiento de las mismas durante las gestiones anteriores”.
El informe, supervisado por Spagnuolo, destaca que “la falta de localización de un alto porcentaje de pensionados y de casos con numerosas incompatibilidades son las principales pruebas del fraude, lo que representaría un desvío de fondos estimados entre $1200 y $2000 millones de dólares al año”.
Se auditaron 29 mil pensionados en CABA y 300.000 en Buenos Aires, además de 175 mil en Chaco, Jujuy y Salta. Los resultados de la primera etapa en CABA son preocupantes: de 10.000 beneficiarios contactados, el 67% no pudo ser localizado, lo que genera serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.
En la provincia de Buenos Aires, se convocaron a 900 pensionados, de los cuales 180 (21%) no pudieron ser localizados. De los 720 notificados, solo 462 asistieron, y de estos, apenas el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa. El 80% restante no cumplía, y un 13% carecía de la documentación necesaria.
Los casos más llamativos incluyen un hombre con cuatro diagnósticos diferentes que se presentó en ANDIS con un abogado, y otros pensionados respaldados por representantes del “Movimiento Evita”. Uno de ellos afirmó que su padre estaba en Egipto, pero deseaba mantener su pensión. Además, se reportó el caso de una señora que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuando este estaba vivo. Curiosamente, dos personas con pensiones por invalidez estaban cumpliendo condena en prisión; la pregunta es: ¿cómo trabajaban desde la cárcel?
En este contexto, Paula Martínez, exvedette y responsable de la asignación de recursos en ANDIS, enfrenta serias acusaciones. Durante su gestión, manejó 3400 millones de dólares en pensiones, convirtiéndose en la quinta caja más grande de Argentina, solo detrás de ANSES, PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Bajo su dirección, se otorgaron 300 mil nuevas pensiones, muchas de ellas en los últimos días del gobierno de Alberto Fernández. Actualmente, el fiscal Guillermo Marijuán investiga las modificaciones en la normativa que facilitaron el descontrol en la distribución de estas pensiones.
La gestión actual de ANDIS, dirigida por Spagnuolo, señala que los cuestionados documentos de nuevos pensionados, algunos de los cuales ya habían fallecido o eran propietarios de lujosos bienes, pasaban por la oficina de Martínez. Supuestamente, los beneficiarios debían tener ingresos que no superaran la canasta básica. Martínez, además, era responsable de los “abordajes territoriales”, un plan destinado a buscar a los “pensionados” en diversas localidades.
LEER: Robo de un acoplado y herramientas
