Cero insumos para el aborto legal en 2024: una realidad que desmantela derechos
En el marco del Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, emergen datos preocupantes que reflejan la falta de acción del Gobierno, a pesar de destinar más de 4.500 millones de pesos en métodos anticonceptivos y medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo. No se han entregado insumos de misoprostol, mifepristona ni cánulas para aspiración, lo que evidencia una grave falta de respuesta estatal ante la ley.
Desde diciembre de 2023, no se ha recibido ni una caja de estos medicamentos, fundamentales para que mujeres y personas gestantes puedan acceder a interrupciones legales del embarazo. Este vacío no solo afecta el acceso a métodos farmacológicos, sino que también limita los recursos de los equipos médicos, quienes deben cumplir con la Ley 27.610 sin las herramientas necesarias. Según reportes de Amnistía Internacional, las denuncias sobre barreras en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo han aumentado un 80% en comparación con el año anterior.
Los datos de la falta de entrega de medicamentos provienen de un pedido de información pública solicitado por Amnistía, ELA y otras organizaciones que buscan asegurar el acceso a derechos sexuales. A pesar de que se había prometido un monitoreo constante, el último informe oficial es del 28 de mayo. En contraste, durante la gestión anterior, se distribuyeron más de 62,000 combi-pack y 88,000 cajas de misoprostol en 2023.
El Gobierno justifica esta inacción por problemas de licitación, alegando falta de stock para la distribución de insumos. Sin embargo, el presupuesto destinado a métodos anticonceptivos y medicamentos IVE/ILE fue de más de 4.500 millones de pesos, sin que se haya ejecutado adecuadamente. En este contexto, quienes trabajan en el terreno enfrentan un escenario desolador, donde el acceso a la salud se convierte en un lujo que solo unos pocos pueden permitirse.
La realidad en hospitales y centros médicos es crítica. Aquellos que tienen cobertura de obra social son rechazados, obligando a muchas a buscar soluciones inseguras y fuera del sistema de salud. Con la falta de insumos, los profesionales se ven obligados a realizar prácticas no recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.
Mientras tanto, las provincias intentan hacer frente a esta crisis con recursos limitados, y los laboratorios nacionales, que producen misoprostol y mifepristona, no logran abastecer la demanda. Quienes pueden permitírselo recurren a la compra particular de medicamentos a precios exorbitantes, dejando a muchos en una situación precaria y expuestos a abortos inseguros.
Las profesionales de salud advierten que la falta de insumos está alimentando un clima de miedo y estigmatización que aleja a muchos médicos de la práctica de la interrupción del embarazo. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto está convocando a movilizarse este 28 de septiembre para exigir el acceso universal a un aborto legal y seguro. La lucha continúa en un contexto donde las decisiones sobre el propio cuerpo son constantemente amenazadas por políticas públicas que ignoran los derechos fundamentales.
