Detectan nuevas irregularidades en las pensiones por discapacidad
El Gobierno de Javier Milei prevé eliminar 176.569 pensiones por invalidez laboral el próximo año, un ajuste respaldado por las auditorías que están llevándose a cabo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Hasta el momento, se ha descubierto que menos de la mitad de los beneficiarios en CABA cumple con los requisitos establecidos para acceder a esta ayuda económica. Se estima que las irregularidades podrían estar generando un desvío de hasta 2.000 millones de dólares al año a nivel nacional.
Las investigaciones indican que durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, el número de beneficiarios de pensiones por discapacidad creció de forma desproporcionada. Durante el mandato de Néstor Kirchner, las pensiones se incrementaron un 183%, Cristina Fernández de Kirchner aumentó el número en un 143% durante su primer período y un 47,93% en su segundo mandato. En contraste, durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo una leve caída del -1,9%. Sin embargo, bajo el gobierno de Alberto Fernández, las pensiones crecieron nuevamente en un 18,46%.
En agosto de 2024, se iniciaron auditorías en la Andis que abarcan a casi 29.000 pensionados en CABA y más de 300.000 en la provincia de Buenos Aires. Las próximas provincias a ser auditadas incluyen Chaco, Jujuy y Salta, donde se detectaron notorias irregularidades, especialmente en Chaco, con aproximadamente 175.000 pensiones bajo revisión.
Los resultados preliminares en CABA han sido calificados por la Agencia como “escandalosos” e “inquietantes”. De los 10.000 beneficiarios contactados, el 67% no pudo ser localizado, lo que genera serias dudas sobre la legitimidad de sus solicitudes. Aquellos que no respondieron deberán ser citados nuevamente.
Entre los beneficiarios localizados, se encontró que muchos presentan incompatibilidades que podrían invalidar su acceso a los subsidios. Sólo el 43% cumple con los requisitos legales, lo que significa que más de la mitad estarían recibiendo la pensión de manera fraudulenta.
En la provincia de Buenos Aires, el panorama es similar. De los 900 pensionados citados, el 21% no fue localizado. De los 720 notificados, sólo 462 acudieron, y de estos, apenas el 20% cumple con los requisitos establecidos. Un alarmante 80% de los casos muestra irregularidades: el 67% con certificados falsificados y el 13% sin la documentación necesaria.
Estos datos forman parte de la causa judicial que investigan los fiscales federales Guillermo Marijuan y Gerardo Pollicita. La Justicia señala que los criterios para otorgar estas pensiones fueron flexibilizados durante los años kirchneristas.
Entre los casos más sorprendentes encontrados en el AMBA, figura una mujer que continuaba cobrando el subsidio a nombre de su esposo fallecido, cuyo deceso no había sido registrado en los sistemas del Estado. Otros casos involucraron a pensionados que acudieron respaldados por abogados y representantes del “Movimiento Evita”. Un hombre, por ejemplo, presentó cuatro diagnósticos médicos diferentes y asistió acompañado por un abogado, mientras que otro afirmaba que su padre, beneficiario de una pensión, se encontraba en Egipto desde hacía meses.
Asimismo, se detectaron dos personas que percibían pensiones mientras cumplían condena, una de las cuales, pese a tener arresto domiciliario, se presentó a la auditoría. Lo más alarmante fue que estas pensiones se otorgaron en diciembre de 2023, en un plazo de solo 13 días, bajo condiciones de salud que no justificaban la ayuda.
Diego Spagnuolo, director de la Andis, subrayó que el objetivo de estas investigaciones no es quitar el beneficio a quienes realmente lo merecen, sino detectar a aquellos que lo obtuvieron de manera fraudulenta en las últimas gestiones. Entre 2003 y la actualidad, el número de pensionados ha crecido de 80.000 a más de 1.2 millones, una cifra sin precedentes, incluso en tiempos de conflicto bélico.
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