El Gobierno argentino avanza hacia la privatización total de empresas públicas
En un movimiento que ha generado controversia, el Gobierno argentino ha comenzado a explorar la privatización de sus empresas públicas, con el objetivo declarado de desprenderse de todas ellas. Aunque por el momento se trata de declaraciones rimbombantes, hay una firme determinación desde la Casa Rosada de deshacerse de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea estatal, que ha enfrentado una serie de huelgas y reclamos sindicales en las últimas semanas. Esta situación ha fortalecido el argumento de Javier Milei, quien insiste en que el Estado debe vender o liquidar todas las empresas con participación estatal.
Un alto funcionario, que prefiere mantenerse en el anonimato, confirmó: “El estado no debe seguir siendo empresario. Buscamos actuar con rapidez. La meta es vender todo”. Esta afirmación subraya la ideología detrás de esta estrategia privatizadora, a cargo de Diego Chaher, nuevo director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada en julio pasado.
Chaher, quien cuenta con el respaldo de figuras clave del gobierno, supervisa la situación de 59 empresas estatales y de participación mixta, abarcando sectores como Transporte, Industria, Energía y más. Sin embargo, la perspectiva de privatización se enfrenta a desafíos significativos, dado que muchos de estos organismos han estado operando con superávit, aunque la motivación principal detrás de esta movida parece ser de carácter ideológico.
La administración está considerando diferentes métodos para llevar a cabo esta privatización: desde ofertas públicas hasta concesiones o concursos nacionales e internacionales. Por ejemplo, la empresa IMPSA, dedicada a la fabricación de componentes para proyectos energéticos, podría ser uno de los primeros casos en este proceso, siempre que reciba la aprobación de la Legislatura provincial.
Sin embargo, los tiempos de privatización suelen ser complejos y prolongados, a pesar del deseo político. Se espera que, al menos inicialmente, las empresas que se consideren más viables sean aquellas que operan como sociedades anónimas, lo que requerirá que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Valores.
Mientras el gobierno trabaja en un plan para reducir el déficit de estas empresas y convertirlas en sociedades anónimas, también enfrenta la necesidad de resolver la aprobación de balances atrasados, lo que complica aún más la situación. En este contexto, algunas compañías han tenido un desempeño particular, como la Empresa de Navegación Aérea Argentina, que ha logrado equilibrar sus cuentas y transformarse en sociedad anónima, aunque su dirección ha cambiado recientemente.
El caso de Aerolíneas Argentinas se ha convertido en un símbolo de la política privatizadora del gobierno, especialmente después de la presión sindical que ha impactado sus operaciones. Con el apoyo de figuras influyentes, el gobierno busca acelerar el proceso en el Parlamento, buscando incluir a la aerolínea en la lista de empresas susceptibles de privatización.
A medida que esta estrategia avanza, el futuro de las empresas públicas en Argentina parece estar en una encrucijada, con un enfoque decidido hacia la privatización total, lo que podría tener implicaciones significativas en diversos sectores económicos.
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