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Nuevo marco regulatorio de tasas municipales genera conflicto entre el Gobierno y los intendentes

El Gobierno de Javier Milei ha implementado una nueva normativa que prohíbe la imposición de tasas municipales en servicios públicos. Esta medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, ha intensificado el conflicto entre la administración nacional y los intendentes, quienes la consideran un intento de “ahogar” a los municipios.

El conflicto se encendió la semana pasada cuando Caputo criticó a los intendentes por los altos tributos locales y los acusó de obstaculizar el programa económico del Gobierno para combatir la inflación. Los jefes comunales respondieron señalando que las reducciones en fondos y transferencias afectan el funcionamiento de las comunas, y que los tributos locales están destinados a redistribuir la carga impositiva entre los sectores con mayor capacidad contributiva. “Parece un modus operandi: rompen todo y le echan la culpa a otro”, señalaron en respuesta a las críticas.

El Gobierno, en busca de medidas para limitar estos cobros, oficializó ayer la resolución 2024-267 a través del Boletín Oficial. Esta resolución, emitida por la Secretaría de Comercio bajo la dirección de Pablo Lavigne, establece que la información en los comprobantes de bienes y servicios debe referirse exclusivamente al bien o servicio contratado, sin incluir sumas o conceptos ajenos.

La oficialización de esta medida provocó la reacción inmediata de varios intendentes. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, acusó al Gobierno de intentar “ahogar a los municipios” y criticó la política energética del gobierno, que considera responsable de un aumento desmedido en las tarifas. Mendoza también recordó que las tasas municipales no han cambiado significativamente y que el verdadero problema radica en los altos aumentos de las facturas.

Cecilio Salazar, intendente de San Pedro, argumentó en un comunicado extenso que la recesión y la caída del consumo no se deben a las tasas municipales, sino a las políticas económicas del Gobierno Nacional. Enfatizó que, de acuerdo con la Constitución Provincial, los municipios tienen la capacidad de fijar sus tasas según las necesidades locales.

Por su parte, Julio Zamora, intendente de Tigre, calificó la medida como “inconstitucional” al considerar que un decreto nacional no puede modificar una ley provincial. Zamora afirmó que la responsabilidad de los impuestos es parte esencial de la gobernanza y advirtió que el Gobierno nacional está limitando los recursos de los municipios mientras demanda una mayor capacidad para gestionar gastos y servicios.

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