Tensión entre Nación y municipios por nuevas restricciones en las facturas de servicios públicos

La reciente decisión del Gobierno de Javier Milei de prohibir el cobro de tasas municipales en las facturas de servicios públicos ha generado un conflicto significativo entre la administración nacional y los intendentes. Estos últimos advierten que la medida busca “ahogar” a los municipios al limitar sus fuentes de financiamiento. A pesar de la resolución nacional 267/2024, que restringe la inclusión de recargos en las facturas de servicios esenciales, el Organismo de Control de la Energía Bonaerense (Oceba) ha señalado que la normativa nacional no prevalece sobre la ley provincial 11.769 en Buenos Aires.

Esta ley provincial permite a las empresas distribuidoras en la provincia, especialmente en el interior bonaerense, continuar cobrando conceptos adicionales, como tasas de alumbrado público y seguridad. En cambio, los municipios del conurbano bonaerense, donde la influencia de la normativa nacional es más directa, podrían enfrentar restricciones más severas en sus ingresos por estos conceptos.

Luis Caputo, Ministro de Economía, ha declarado que la resolución nacional busca que las facturas reflejen únicamente el costo del servicio contratado. Sin embargo, el Oceba aclara que la ley provincial sigue vigente y regula la inclusión de estos conceptos en las facturas. Diego Rozengardt, presidente del Oceba, subraya que la legislación provincial tiene una base sólida desde los años 90 y que cualquier ajuste en los recargos debe ser debatido en la Legislatura. La resolución nacional impactaría principalmente en las empresas con concesión nacional, como Edenor y Edesur, mientras que las cooperativas y distribuidoras en el interior siguen sujetas a la regulación provincial.